La decisión de la Comunidad Andina (CAN) de ordenar el desmonte de las barreras arancelarias entre Colombia y Ecuador marcaría el fin de un tenso capítulo para la economía regional. El organismo multilateral otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles, contados a partir de este viernes 8 de mayo, para que ambos gobiernos eliminen los gravámenes recíprocos que vulneran el Acuerdo de Cartagena.
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Si bien el fallo es una disposición jurídica de alto nivel, el camino hacia este estuvo marcado por la presión técnica y las alarmas encendidas por empresarios de la industria colombiana, sector cuyas compañías están recibiendo el impacto directo.
En esta “resistencia empresarial” destacan figuras como César Caicedo, presidente de Colombina, y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Sus intervenciones aportaron pruebas clave para que la CAN determinara que los aranceles no eran tasas administrativas, sino verdaderos gravámenes ilegales que encarecían el comercio.
Según el fallo de la CAN, los datos aportados por estos sectores fueron determinantes para evidenciar que la denominada tasa de seguridad ecuatoriana –que este mes llega a 100%– y las represalias colombianas –arancel de 75%– asfixian la competitividad de las compañías y afectaban a miles de trabajadores.
El caso de Colombina, liderada por César Caicedo, sirvió como el principal termómetro para medir el daño económico real. Según los documentos presentados el 31 de marzo de 2026, Ecuador representó para la compañía un mercado estratégico con exportaciones acumuladas por US$122.863.948 entre 2020 y 2025.
El impacto de la guerra comercial se centró en cuatro líneas críticas: bombones, galletas saladas, barquillos y galletas dulces, productos que concentran el 79% del valor total exportado por la empresa hacia ese destino. La intervención de Colombina ante el organismo andino permitió visibilizar una realidad financiera dramática para el sector de alimentos, documentando la caída en el número de contenedores y la pérdida de clientes.
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Los datos suministrados por la empresa vallecaucana revelaron que el costo total de nacionalización por contenedor se disparó de US$2.695,49 a US$20.310,70 tras la aplicación de las medidas. Esto representó un incremento abismal del 653,5% en los costos operativos.
En términos porcentuales, la carga económica sobre la factura, el flete y el seguro pasó del 7,7% al 57,7%, un salto de 50 puntos porcentuales que la CAN calificó como una alteración sustancial incompatible con las normas de libre comercio.
Por su parte, la Andi, encabezada por Bruce Mc Master, lideró la ofensiva técnica al cuestionar la legalidad de la tasa impuesta por el gobierno de Ecuador. El gremio sostuvo que no existía un servicio específico o diferenciado prestado por la aduana ecuatoriana que justificara dicho cobro.
Según la Andi, el control aduanero es una función ordinaria que ya se ejerce sobre todas las importaciones, por lo que añadir un recargo –que inicialmente era de 50%– sobre el valor en aduana era una medida discriminatoria y arbitraria. Esta postura fue fundamental para que la CAN concluyera que Ecuador incumplía el Acuerdo de Cartagena al no haber un servicio efectivamente prestado distinto a la potestad aduanera habitual.
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Mac Master subrayó que estas decisiones políticas arbitrarias terminan afectando no solo al sector empresarial, sino también a los trabajadores y consumidores de ambas naciones. Por ende, la Andi solicitó medidas para preservar la institucionalidad del mercado subregional.
Esta visión permitió que el conflicto no se viera únicamente como una disputa técnica, sino como un daño sistémico a la estabilidad de 400.000 empleo que dependen del intercambio binacional.
La resolución de la CAN también fue celebrada por otros líderes, como Javier Díaz, presidente de Analdex –gremio colombiano del comercio exterior–, quien calificó el fallo como una noticia necesaria frente a acciones que carecían de sustento técnico.
Díaz recordó que el conflicto, iniciado formalmente el 21 de enero de 2026 con la tasa de seguridad de Ecuador, generó una incertidumbre que paralizó negocios vitales. Entre estos, por ejemplo, está la exportación de casi 4.000 vehículos de la ensambladora Renault-Sofasa al vecino país.
Para el dirigente de Analdex, la orden de la CAN es ahora una obligación jurídica ineludible para que los gobiernos de Colombia y Ecuador restablezcan la normalidad en las fronteras.
Finalmente, los análisis legales de la firma Araújo Ibarra sugieren que este fallo abre la puerta a reclamaciones administrativas por pagos indebidos. Dado que la tasa impuesta por Ecuador quedó sin sustento, los afectados podrían solicitar la devolución de los valores pagados, los cuales, en el caso de la filial ecuatoriana de Colombina, ya ascendían a US$341.020,44.
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