Amnistía Internacional pidió este domingo a la primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez, que facilite un diálogo entre las autoridades y las madres de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción para conocer su paradero y ejercer sus derechos.
Desde 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una guerra contra las pandillas que ha llevado a la detención de unas 92.000 personas sin orden judicial, un hecho que ha sido criticado duramente por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Varias asociaciones cuantifican en miles el número de inocentes encarcelados y aseguran que varios cientos habrían muerto bajo custodia. Algunos familiares aseguran desconocer el paradero de los arrestados.
Este 10 de mayo (Día de la Madre en varios países latinoamericanos), "nuestros pensamientos están con las madres y familiares que piden algo básico frente al régimen de excepción en El Salvador: saber dónde y cómo están sus seres queridos detenidos", publicó Amnistía Internacional (AI) en su cuenta de X.
La ONG pidió a Rodríguez "usar sus buenos oficios para cambiar esta situación y aliviar la angustia de miles de madres y familias salvadoreñas".
El mensaje fue acompañado de una carta abierta, con fecha de 27 de marzo, firmada por su directora para las Américas, Ana Piquer, en la que se exhorta a la primera dama a facilitar "lo antes posible" un diálogo entre representantes del gobierno y organizaciones de madres y familiares de los detenidos.
El objetivo, según Piquer, es "promover mecanismos de acceso oportuno a información sobre el estado procesal, la ubicación y las condiciones de salud de las personas detenidas" de manera que sus familias "puedan ejercer sus derechos y acompañar adecuadamente su defensa".
Esta semana el diario digital El Faro, muy crítico con Bukele, aseguró en un editorial que una comisión secreta, compuesta por un hermano del presidente y personal del despacho de la primera dama, "decide el destino" de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción.
La petición de AI se produce en medio de uno de los juicios colectivos a cerca de 500 pandilleros impulsados por el gobierno y criticados por grupos humanitarios que temen condenas a inocentes, al no individualizarse la responsabilidad penal de cada uno.
En la carta, Piquer asegura que "aproximadamente 470 personas han muerto bajo custodia estatal en circunstancias que incluyen posibles actos de violencia y falta de atención médica".
"Resulta indispensable examinar los costos humanos de las medidas adoptadas y los excesos cometidos en su implementación", que evidencian "prácticas repetidas y extendidas de vulneración de derechos humanos", añade.
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