La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la “Desaparición de personas en México” en el que concluyó que este delito es cometido de forma “indiscriminada” y “generalizada” en el país.
El documento analiza la magnitud del fenómeno, que afecta a más de 128 mil personas desaparecidas, 70 mil cuerpos sin identificar, y examina la responsabilidad tanto del crimen organizado como de agentes estatales.
Elena Pochak, vicepresidenta de la CIDH, recordó que la desaparición es una “violación grave a los derechos humanos”. Si bien reconoció que la CIDH “no encontró evidencia de que exista una estrategia desde el Estado para desaparecer personas”, sí enfatizó en la persistencia de una impunidad estructural en este delito.
Como ejemplos, destacó casos como la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa; el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco; así como la práctica de reclutamiento forzado, por parte del crimen organizado, de niñas, niños y jóvenes en el país.
Enrique Ochoa, subsecretario para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el Estado mexicano evaluará las 40 recomendaciones de la CIDH en materia de desaparición de personas, para implementar dichas medidas a través de las instituciones del gobierno.
Durante su discurso, el subsecretario destacó que México es de los “pocos países” que colaboran con organismos internacionales, por lo que dijo que evaluarán tanto la posición de la CIDH como de otras instancias que se han pronunciado al respecto.
Por su parte Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es una “prioridad” la búsqueda de personas desaparecidas.
Por eso también aseguró que se aplicarán una serie de medidas para combatir este delito, que van de la mano con una estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Durante la presentación, Viviana Mendoza, vocera del colectivo “Hasta encontrarles”, calificó como “lamentable” el posicionamiento del Estado mexicano al asegurar que desde el 2018 el gobierno mexicano no ha querido recibirlas.
Mendoza también criticó que las autoridades estén enfocadas en organizar el Mundial de futbol a la vez que ocultan las fichas de personas desaparecidas en el país.
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María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, aprovechó la oportunidad para resaltar que el informe evidencia que hace falta una política pública en el país en materia de prevención contra la desaparición de personas y una estrategia efectiva contra las redes de macro-criminalidad.
Al finalizar el evento, familiares de personas desaparecidas se manifestaron con consignas dentro del Museo Memoria y Tolerancia.