El juicio por uno de los mayores desfalcos en la historia de la estatal Petróleos de Venezuela avanzó este lunes 11 de mayo en medio de fuertes medidas de seguridad y bajo total hermetismo, con la declaración del exzar petrolero Tareck El Aissami.
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El Aissami, quien fue ministro de Petróleo (2020-2023) y vicepresidente de Nicolás Maduro (2017-2018), figura entre el grupo de exfuncionarios vinculados a un desfalco millonario.
El pasado 20 de abril comenzó el juicio, al que no puede acceder la prensa, dos años después del arresto de El Aissami, vinculado en la llamada “trama de corrupción PDVSA Cripto”, por la que también se acusa al exdiputado oficialista Hugbel Roa.
La justicia venezolana acusa a El Aissami y otros 63 detenidos de formar parte de una red de corrupción para vender petróleo venezolano y desviar los fondos mediante transacciones con criptomonedas.
Por el caso también se encuentran detenidos el exministro de Finanzas Simón Zerpa y el exsuperintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez, así como otros altos directivos de empresas públicas.
“De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, las divisas producidas por las ventas del crudo se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles”, dijo la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
Las autoridades venezolanas estiman que el desfalco alcanza más de 5.550 millones de dólares. “Estimaciones propias señalan que el daño patrimonial superó los USD 16.900 millones”, señaló la ONG.
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La mayoría de los acusados están recluidos en El Rodeo I, una cárcel a las afueras de Caracas que familiares de presos políticos han denunciado como un centro de torturas. Los detenidos son trasladados a las audiencias por militares y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Los accesos a la sala de audiencia en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, son controlados por agentes encapuchados vestidos de negro. Un tribunal con competencia en casos con delitos de terrorismo lleva el caso.
Los acusados enfrentan los cargos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procesos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
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