La Comisión Primera de la Cámara de Representantes marcó un hito en la política de drogas de Colombia al aprobar en la sesión de este martes 12 de mayo, de manera unánime, el primer debate del proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto.
Le puede interesar: Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país
Esta iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, pretende dar un giro radical al enfoque actual, priorizando la salud pública y el control estatal sobre el mercado ilegal.
“Acabamos de aprobar en primer debate la regularización del cannabis. Es hora de regular. Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado”, destacó el parlamentario, subrayando que el objetivo principal es proteger a los menores y arrebatarle el negocio a las estructuras criminales.
“Vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula, con permiso y con licencias”, concluyó Ocampo a través de un video publicado este martes en sus redes sociales.
https://twitter.com/alejoocampog/status/2054247825400029239?ref_src=twsrc%5Etfw
A diferencia de intentos anteriores, esta propuesta —identificada como el Proyecto de Ley 023 de 2025— pone en el centro a las comunidades rurales y grupos étnicos. Ocampo recalcó que la intención es “ayudar a habitantes de calle, ayudar a los campesinos y comunidades indígenas y afrocolombianas que han convivido con esta planta durante muchos años”.
Para materializar este enfoque, el articulado estableció que el 70% de las licencias de cultivo se reservarán para estas comunidades, y al menos el 50% de la flor de cannabis distribuida legalmente deberá provenir de cultivos de agremiaciones étnicas y campesinas con tradición previa. Además, se fijaría una tasa impositiva del 20% al consumo, aplicada sobre el precio bruto de venta.
La normativa propone una estructura rígida para garantizar un consumo responsable dentro de lo establecido. Para la medida, se prohíbe cualquier tipo de publicidad o patrocinio, excepto en espacios digitales dirigidos exclusivamente a adultos.
Los productos deberán contar con advertencias sanitarias que ocupen la mitad del empaque, en colores amarillo y rojo, renovándose anualmente. En cuanto a la adquisición, se permitirá a los mayores de edad comprar hasta 20 gramos de flor y 5 gramos de concentrados al día.
El consumo estará estrictamente prohibido en un perímetro de 100 metros alrededor de escuelas, parques, centros deportivos o religiosos, así como durante la conducción de vehículos. Respecto al autocultivo, se autorizan hasta 20 plantas por persona para uso personal sin fines comerciales.
Por otro lado, los clubes cannábicos —entidades sin ánimo de lucro— podrán cultivar hasta 200 plantas para abastecer a un máximo de 350 asociados registrados.
Para supervisar la cadena, se creará una ventanilla única interoperable con los ministerios de Justicia, Salud, Agricultura y Educación. Todo el proceso, desde la semilla hasta el consumidor, estará monitoreado por un software de trazabilidad digital, siendo uno de los puntos más relevantes es el impacto judicial.
El proyecto prevé modificar el Código Penal para que las actividades reguladas dejen de ser delitos contra la salud pública. Asimismo, bajo el principio de favorabilidad, quienes enfrenten procesos o condenas ligados exclusivamente al cannabis podrán solicitar su excarcelación y la eliminación de antecedentes.
A pesar del avance unánime inicial, el camino no es sencillo. Este es el noveno intento de regulación desde 2020; los ocho anteriores terminaron archivados. Tras superar este primer peldaño, la iniciativa debe enfrentar un segundo debate en la plenaria de la Cámara antes de pasar al Senado.
La ajustada agenda parlamentaria sugiere que, de no lograrse la aprobación pronta, el trámite podría trasladarse a la legislatura que iniciaría el próximo 20 de julio de 2026, para presentar el que sería un décimo intento.
También le puede interesar: “No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total”: el periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidaciones