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En un operativo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Arauca, las autoridades colombianas ejecutaron recientemente la expulsión de 27 ciudadanos extranjeros en la frontera con Venezuela, al considerarlos un riesgo directo para la seguridad nacional y la convivencia ciudadana.
Ninguno de los sancionados registraba ingreso formal al país. La intervención oficial se enfocó en personas señaladas por presuntos vínculos con tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas y daños inmobiliarios. Al menos 21 de los expulsados son de nacionalidad venezolana.
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Los sancionados fueron detenidos en el departamento de Arauca y posteriormente trasladados hasta el paso fronterizo de Paraguachón, donde quedaron a disposición de las autoridades de Venezuela.
De esta manera, la autoridad migratoria confirmó que la medida se fundamentó en la verificación de antecedentes institucionales de cada uno de los detenidos.
"Los procedimientos se sustentaron en rigurosos análisis interinstitucionales en los que se contrastaron los registros del Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, con el Sistema de Información SPOA de la Fiscalía General de la Nación y bases de datos propias de Migración Colombia", precisó la entidad.
El cruce de información reveló que 18 de las personas intervenidas se encontraban en etapa de indagación preliminar por conductas punibles.
Entre los casos reportados destaca el de un ciudadano que registraba ocho anotaciones en el sistema penal de la Fiscalía y un proceso por hurto calificado, así como otro individuo con 55 medidas correctivas acumuladas.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el procedimiento a través de su cuenta en X, atribuyendo el resultado al trabajo coordinado de las instituciones.
"La acción coordinada de Migración Colombia y la Policía Nacional permitió la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros, vinculados con atracos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana", afirmó el mandatario.
De la Espriella reiteró la postura de su administración frente a la situación migratoria: "Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente". En un mensaje posterior enfatizó que "Colombia no es refugio de delincuentes, vengan de donde vengan".
El jefe de Estado concluyó que se han desarrollado actuaciones migratorias en otras ciudades del país, e insistió en aplicar deportaciones a extranjeros en condición irregular a involucrados en actividades delictivas, política que viene marcando la pauta de seguridad fronteriza desde agosto de 2026.
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