La minería ilegal ha generado una “crisis de inseguridad” en asentamientos indígenas del sur de Venezuelamarcados por la presencia de grupos armados, denunciaron este jueves activistas durante la presentación de un informe sobre derechos humanos.
En este contexto, líderes indígenas ven con recelo los alcances de la nueva ley minera impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense.
La ley abre la puerta a inversionistas extranjeros para dinamizar una economía postrada durante la última década.
“Hemos enfrentado muchas situaciones (por) el tema de la inseguridad de grupos armados”, dijo la líder indígena Liz Hernández, de la comunidad Maurak ubicada en el minero estado Bolívar fronterizo con Brasil.
Maurak es un asentamiento indígena desde donde pueden verse los tepuyes, unas formaciones montañosas con cimas aplanadas donde nacen caudalosos ríos que solo se encuentran en Sudamérica y son hogar de especies endémicas.
“La inseguridad en las comunidades indígenas es consecuencia a la minería”, agregó Hernández en una conferencia organizada por la ONG Provea para presentar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La presencia de grupos armados que buscan controlar las minas mantiene a las comunidades indígenas en una situación “vulnerable”, indicó Hernández al citar una incursión de grupos armados el 18 de febrero en la sede del Consejo de Caciques.
Hernández afirma además que los líderes indígenas no fueron consultados para la ley de minas aprobada el pasado 9 de abril, tal como establece la legislación venezolana.
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“Nunca tomaron en cuenta a las comunidades indígenas, a los líderes, para hacer la consulta previa”, aseguró la líder indígena de 31 años.
Venezuela concentra la mayor explotación de minerales en un territorio de 112.000 km cuadrados bautizado como el Arco Minero, rico en oro, diamantes, bauxita y coltán, este último clave en la fabricación de teléfonos móviles.
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Provea apunta en su informe de 2025 que “Venezuela transita una crisis ecológica que se agrava por la expansión de la frontera extractiva, atizada por la minería ilegal”.
La ocupación de territorios indígenas por grupos armados y “redes extractivas” fue documentada por Provea. Entre los grupos figuran disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y “sindicatos” que se disputan entre sí el control de las minas.