El gobierno ha creado en estos últimos meses un espejismo para el sector privado en materia de energía. Quiere hacer creer que hay apertura y compromisos tangibles en energía limpia, cuando que se ha derrumbado la participación de la energía limpia en el sistema eléctrico desde 2021. En realidad, hay contorsiones burocráticas y regulatorias que lo simulan, dentro de una camisa de fuerza ideológica. El gobierno intenta restablecer un esquema monopólico y estatista, ineficiente y arbitrario, mientras lanza anzuelos apenas disimulados a empresas privadas. El contraste es abismal con la Reforma Energética histórica lograda en 2013, que fue destruida, y que pretende ser sustituida con un modelo de “Planeación Vinculante” consagrado en una nueva Ley del Sector Eléctrico. En realidad, es una regresión encubierta al estatus quo estatista y monopolizado anterior al 2013. Se basa en “contratos mixtos” en electricidad donde el sector privado es un actor dependiente de decisiones discrecionales del gobierno, y donde debe prevalecer siempre el Estado (misteriosamente) por encima del 54% de la generación total de energía. Se formaliza la muerte del mercado competitivo en electricidad para imponer un sistema centralizado de asociación subordinada al Estado, donde la certeza jurídica es reemplazada por una promesa incierta de estabilidad regulatoria discrecional en gobernanza y operatividad de proyectos, diseño de contratos, y lineamientos administrativos caprichosos. El riesgo regulatorio es inaceptable, a pesar de que, según declaraciones oficiales, cientos de empresas han acudido a las convocatorias de “contratos mixtos”. La verdad es que la incertidumbre, en el contexto de la captura y envilecimiento del Poder Judicial, no ofrece ninguna garantía a las empresas y va a inhibir inversiones, salvo en algunos casos excepcionales, por ingenuidad, o por relaciones estrechas de compadrazgo empresarial con el gobierno. Más aún, el privilegio cuasi monopólico a CFE en el nuevo “modelo” contradice la letra y el espíritu del T-MEC.
En el nuevo “modelo” se plantean dos formas de participación privada, además de la clásica generación distribuida y autoabasto. La primera es básicamente una vuelta al esquema de Productores Independientes de Energía previo al 2013, donde los privados invierten y operan, pero deben vender, por fuerza, toda la electricidad producida a la CFE, convertida en monopsonio. Pero ahora, sin poder comercializar excedentes ni participar en el mercado. La segunda es la coinversión “mixta”, donde el Estado aporta activos ya existentes (y con derecho de veto) conservando siempre un 54% de participación. El gobierno espera, mediante estos esquemas, añadir más de 7,000 MW de capacidad (incluyendo, según ellos, 30% de almacenamiento), y llegar al 2030 con el 38% de energía limpia. Algo que no se puede tomar en serio. El “nuevo modelo” elimina la competencia, así como el mérito económico en el despacho: es decir, ya no se van a despachar prioritariamente las centrales eléctricas con el costo marginal más bajo, sino que será discrecional. Todo esto, pondrá en desventaja a las energías limpias, y traerá por consecuencia menor eficiencia operativa, costos sistémicos más elevados, tarifas más altas, y más contaminación. Tampoco habrá subastas abiertas y competitivas de energía limpia, sino idiosincráticas “convocatorias de atención prioritaria a permisos de proyectos privados”, lo que abonará a costos más elevados. En general, el privado no controlará decisiones clave y enfrentará un enorme riesgo político, que sólo podrá ser mitigado con relaciones extra-legales con funcionarios, lo que favorecerá a empresarios consentidos y un entorno de corrupción. El Estado es quien decide dónde y en qué tipo de centrales invertir con su “Planeación Vinculante”, bloqueando señales descentralizadas y flexibles sobre demanda, mercados y tecnología, lo que va a conllevar una mala asignación de recursos de inversión y cuellos de botella en generación y transmisión. Ya no va aganar quien produzca electricidad más barata, limpia y confiable, sino quien tenga más relaciones y capacidades para negociar con funcionarios de manera opaca, y previsiblemente venal. Supuestamente, los proyectos se van a asignar mediante licitación, invitación, y adjudicación directa. (Ya sabemos lo que eso implica en la 4T). No habrá una autoridad independiente, sino una enésima “ventanilla única”, y un nuevo cónclave de funcionarios del gobierno llamado “Grupo de Desarrollo Mixto” que tendrá el control absoluto de todo el proceso. (Fue destruida la Comisión Reguladora de Energía, autónoma, profesional y transparente).
Peor aún, todo esto tendrá como obstáculo la saturación y limitada cobertura de la red de transmisión, dada la falta de inversión pública y la prohibición de facto de inversión privada. El gobierno, aunque tenga un “portafolio de inversiones”, no cuenta con capacidad de invertir o financiar a gran escala la ampliación de la red de transmisión, lo que requeriría más de 30,000 millones de USD.
Queda claro, ahora que la economía mexicana se desploma sin remedio, que el nearshoring cada vez se aleja más, no solo por la destrucción del Poder Judicial y de organismos autónomos, sino también, por la incertidumbre sobre la indisponibilidad de energía confiable, barata y limpia.
Muy pocos acabarán mordiendo el anzuelo.