La política de defensa de la competencia constituye un componente central del funcionamiento eficiente de las economías de mercado. Su objetivo principal es prevenir conductas empresariales que restrinjan la rivalidad entre firmas —como acuerdos colusorios, abusos de posición dominante o fusiones anticompetitivas— y promover estructuras de mercado que favorezcan la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. “La política de competencia constituye un elemento fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, mejorar la productividad y proteger el bienestar de los consumidores.”
En el Perú, la defensa de la libre competencia está consagrada en la Constitución Política de 1993, que establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite. Sin embargo, la existencia de normas formales no garantiza, por sí sola, la presencia de mercados competitivos. El funcionamiento efectivo de la competencia depende también de la calidad institucional, de la regulación sectorial, de las barreras de entrada y de la estructura productiva de la economía.
Competencia, eficiencia económica y bienestar social
Desde hace décadas, la teoría económica ha vinculado competencia con eficiencia. En un mercado perfectamente competitivo, los precios igualan los costos marginales, lo que permite una asignación eficiente de recursos. Sin embargo, cuando una empresa tiene poder de mercado, puede reducir la producción para aumentar los precios, lo que ocasiona pérdidas de bienestar llamadas pérdidas irrecuperables de eficiencia (Varian, 2014). Además de los efectos estáticos sobre precios y cantidades, la competencia también genera efectos dinámicos asociados a la innovación y el progreso tecnológico. Schumpeter (1942) argumenta que el proceso competitivo impulsa la “destrucción creativa”, mediante la cual nuevas empresas introducen innovaciones que reemplazan tecnologías y modelos de negocio existentes. Literatura más reciente ha mostrado que la relación entre competencia e innovación puede ser compleja, pero, en general, la presión competitiva tiende a incentivar la inversión en investigación y desarrollo (Aghion et al., 2005).
En las economías emergentes, la competencia desempeña un papel crucial en la productividad total. Investigaciones comparativas muestran que en mercados con mayor rivalidad empresarial se observan niveles más elevados de eficiencia productiva, ya que las empresas menos eficientes son reemplazadas por competidores más eficaces (Syverson, 2011). En este sentido, la política de competencia no solo debe considerarse un medio para sancionar conductas anticompetitivas, sino también una herramienta para fomentar un entorno económico que facilite la entrada de nuevas empresas, impulse la innovación y eleve el rendimiento de los mercados. Para las autoridades de competencia, estos cambios requieren adaptar herramientas analíticas y criterios de evaluación. En algunos casos, prácticas empresariales que podrían parecer benignas en mercados tradicionales pueden generar efectos de exclusorios en entornos digitales. Aunque las grandes plataformas tecnológicas son más evidentes en economías avanzadas, la digitalización también está revolucionando los mercados en América Latina, abarcando áreas como el comercio electrónico, los servicios financieros digitales y el transporte.
Libre competencia y agenda de política pública
Considerando los desafíos descritos, el fortalecimiento de la política de competencia debería formar parte de la agenda económica del próximo gobierno peruano. En primer lugar, es necesario fortalecer las capacidades institucionales de la autoridad de competencia. Esto implica asegurar la autonomía técnica, los recursos adecuados y la estabilidad institucional para que las decisiones regulatorias se adopten con criterios económicos rigurosos. En segundo lugar, debería profundizarse en la política de abogacía de la competencia. Este instrumento consiste en que la autoridad de competencia evalúe las regulaciones vigentes y emita recomendaciones para eliminar las normas que generen barreras innecesarias a la entrada de nuevas empresas. En tercer lugar, es importante reforzar la lucha contra los carteles empresariales. La colusión puede generar sobreprecios significativos en mercados clave, afectando tanto a los consumidores como al Estado en los procesos de contratación pública. De acuerdo con la OECD (2017), combatir las licitaciones colusorias debe ser prioridad para el Perú, ya que la mitad del gasto del Estado peruano se realiza a través de las contrataciones públicas y estas representan el 11,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Finalmente, para que los sectores clave de la economía peruana puedan operar en condiciones de competencia efectiva, es necesario que los principios de defensa y promoción de la competencia se integren de manera transversal en los diferentes sectores públicos: en el proceso de elaboración normativa en los distintos niveles del Estado, en las políticas de los ministerios involucrados en el desarrollo productivo y comercial del Perú, en las políticas de innovación y promoción empresarial, en los procesos de contratación pública de bienes y servicios, en la acción de los organismos reguladores y en la gestión de las empresas públicas, entre otros ámbitos.
*Máster y Doctor en Derecho de la competencia y Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (México).