América Latina atraviesa una de las etapas más peligrosas para el ejercicio del periodismo desde las transiciones democráticas de fines del siglo XX. El asesinato de 23 periodistas durante 2025, uno cada 16 días, expresa la consolidación de una región donde informar e investigar al poder se ha convertido nuevamente en una actividad de alto riesgo.
El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.
Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.
Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.
En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.
El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.
Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.
Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.