El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, asumió este domingo y prometió devolver la confianza en la institución, combatir la corrupción y el crimen organizado, tras la salida de Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países.
"Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca", afirmó el fiscal nombrado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, "durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla".
García Luna reconoció que recibió una institución "con heridas profundas".
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado "pacto de corruptos", un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
"La ley es pareja o no es ley" y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada "como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva".
"Tampoco puede utilizarse con fines políticos ni obedecer órdenes de ninguna clase", sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el pais, según datos oficiales.
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