Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, el Gobierno de México presentó 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos, sin que hasta la fecha se haya concretado la entrega de ninguna persona solicitada.
En medio de las acusaciones del Departamento de Justicia sobre presuntos vínculos criminales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, y otros 9 funcionarios mexicanos, entre quienes se encuentran los exsecretarios de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ambos detenidos en Estados Unidos, la presidenta informó la semana pasada sobre la existencia de casos en los que ese país ha negado a México peticiones de detención urgente con fines de extradición bajo el arumento de “falta de pruebas”.
Ante ello, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentó este martes las estadísticas en las que detalló que, del total de 269 requerimientos, 36 peticiones ya fueron negados por autoridades estadounidenses, mientras que 233 permanecen pendientes de resolución.
De los casos que continúan en trámite, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición que actualmente se encuentran en etapa de análisis ante jueces en Estados Unidos. Los 50 requerimientos restantes consisten en solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Sobre este último grupo, Velasco señaló que el gobierno estadounidense ha denegado tres peticiones y, en los 47 casos restantes, ha exigido a las autoridades mexicanas presentar información adicional o elementos probatorios complementarios.
El canciller explicó que la solicitud de información adicional no ocurre en un vacío legal, sino que es una práctica bilateral común fundamentada en los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición. Asimismo, indicó que el artículo 17 de la ley en la materia estipula que toda solicitud de medidas precautorias debe acreditar la existencia de una orden de aprehensión y presentar una expresión del delito.
“El análisis que nosotros hemos hecho y que se comparte por la práctica entre los dos países, es que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa para que en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, evalúe su fundamento y remita de esa forma a la Fiscalía General de la República, quien a su vez remite al juez de distrito”, sentenció.
Añadió que cuando se trata de ilícitos complejos, como corrupción o desaparición forzada, las autoridades aplican un estándar de revisión más estricto y solicitan pruebas complementarias sistemáticamente. Adicionalmente, Velasco dijo que el artículo 9 del tratado establece que la entrega de nacionales es una facultad discrecional, lo que obliga a los gobiernos a realizar una verificación jurídica exhaustiva.
El secretario dijo que estos criterios se han aplicado en casos como el de Francisco Javier “N”, exfuncionario de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada, de quien exigieron más información antes de avanzar con el trámite.
“Víctor Manuel N, una persona pues que está acusada de un tema relacionado con factureras, delincuencia organizada también, se negó por no ser un delito violento. Para que pues ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al estado requiriente presentar una solicitud formal”, detalló.
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Velasco también mencionó a José Ulises y Pablo N, ambos del caso Ayotzinapa. Respecto al primero, señaló que Estados Unidos solicitó información adicional y pruebas en el proceso, mientras que en el segundo requirió presentar la petición formal.
Tras la presentación de estos procesos, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que las solicitudes emitidas por México involucran casos de suma gravedad, incluyendo a exgobernadores, líderes de defraudación fiscal y miembros de la delincuencia organizada.
Ante ello, la mandataria cuestionó que, frente a la relevancia procesal de los requerimientos, no se haya efectuado ninguna entrega, reiterando que la política de cooperación de México demanda reciprocidad.