La Asociación Fintech México presentó este miércoles el reporte “FinTech México Insights 2026”, un documento estratégico que reúne datos, análisis y propuestas regulatorias sobre la evolución del ecosistema financiero digital en el país. Entre sus principales conclusiones, el estudio advierte que persisten barreras regulatorias y operativas que han limitado el crecimiento de las empresas fintech en México, particularmente en materia de autorizaciones, pagos, finanzas abiertas (open finance) y activos virtuales.
El análisis identifica diversos obstáculos regulatorios que, según la asociación, han frenado el desarrollo del sector financiero digital en México. Entre ellos destacan requisitos considerados desproporcionados para la obtención de autorizaciones, como los largos tiempos para iniciar formalmente operaciones y restricciones en la participación accionaria dentro de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF).
Asimismo, el reporte advierte sobre limitaciones para la contratación de terceros y comisionistas, así como condiciones desiguales de acceso a los sistemas de pagos, lo que, a consideración de la industria, genera asimetrías competitivas frente a otros participantes del sistema financiero.
Uno de los puntos señalados por el estudio es la restricción para operar con activos virtuales derivada de la Circular 4/2019 del Banco de México.
Dicha disposición fue publicada en marzo del 2019, un año después de la publicación de la Ley Fintech, dicha disposición tenía el objetivo de limitar el uso de criptomonedas dentro del sistema financiero mexicano.
Aunque la Ley Fintech reconoció la figura de “activos virtuales” y abrió la posibilidad de que las ITF pudieran operar con ellos previa autorización de Banco de México, la Circular 4/2019 estableció un enfoque restrictivo que, en la práctica, limitó el uso de estos activos a operaciones internas entre instituciones financieras y bajo estrictos controles regulatorios.
Desde entonces, destaca el reporte, la regulación redujo el margen para desarrollar modelos de negocio vinculados con criptomonedas y tecnología blockchain dentro del sistema regulado mexicano.
Otro de los pendientes identificados por la asociación es la ausencia de una regulación integral de open finance y de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) estandarizadas. Aunque la Ley Fintech contempló la creación de un modelo de banca abierta para compartir datos financieros mediante APIs, el desarrollo regulatorio ha avanzado de manera parcial y gradual.
El estudio señala que a ocho años de la aprobación de la legislación, aún existen vacíos regulatorios y falta de estandarización técnica que dificultan la interoperabilidad entre instituciones financieras y fintech. Esto ha limitado el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en intercambio seguro de información financiera, agregación de datos y competencia en productos financieros digitales.
Incertidumbre regulatoria
Como parte del análisis, la asociación realizó una encuesta entre 32 empresas afiliadas, cuyos resultados reflejaron preocupación por la incertidumbre regulatoria y los elevados costos de cumplimiento.
Las firmas consultadas señalaron que los procesos de autorización prolongados, la falta de claridad normativa y los criterios desalineados entre distintas autoridades financieras generan obstáculos para la operación y escalabilidad de las fintech en el país.
Por otra parte, el reporte señala que tanto el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como el Plan México comparten objetivos orientados a impulsar un sistema financiero más competitivo, abierto e incluyente.
Según el documento, el T-MEC promueve la eliminación de barreras regulatorias innecesarias para la prestación de servicios financieros, el acceso no discriminatorio a sistemas de pagos y el libre flujo transfronterizo de información para actividades autorizadas.
Por su parte, el Plan México contempla medidas para fortalecer el financiamiento a la economía real mediante la simplificación de trámites, el impulso al crédito para pequeñas y medianas empresas y la digitalización de pagos.
“La apertura, la certidumbre jurídica y la modernización operativa son elementos fundamentales para consolidar el desarrollo del ecosistema fintech en México”, refiere el análisis.
Destacan requisitos considerados desproporcionados para la obtención de autorizaciones, como los largos tiempos para iniciar formalmente operaciones y restricciones en la participación accionaria dentro de las ITF.