El nuevo Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce un mapa de desigualdad en el acceso al agua en México por lo que el gobierno plantea reformar concesiones, modernizar infraestructura y endurecer la supervisión.
Según el documento, el país arrastra una crisis hídrica más profunda de lo que reflejan las cifras generales de cobertura. Aunque oficialmente 96.1% de la población tiene acceso a agua potable y 95.2% a alcantarillado, sólo 56.3% de la población cuenta con agua entubada diaria y saneamiento básico.
Dicha desigualdad es visible en 14 entidades donde menos de la mitad de la población tiene acceso diario al agua entubada y saneamiento básico: Nayarit, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Baja California Sur y Guerrero.
Según el texto, el caso más extremo es Guerrero, donde apenas 16.5% de la población dispone de agua diaria y saneamiento, mientras Nuevo León alcanza 91.6%. La disparidad evidencia un país dividido entre regiones con infraestructura consolidada y otras donde el derecho humano al agua sigue dependiendo de pipas, pozos o almacenamiento doméstico.
Situación en capital
Según el diagnóstico oficial, la Ciudad de México presenta una brecha socioeconómica en la disponibilidad de agua potable.
Las alcaldías con mayores niveles de acceso diario al agua y saneamiento son también las de mayor ingreso: Benito Juárez y Miguel Hidalgo concentran los niveles más altos de cobertura, mientras otras zonas de la capital padecen tandeos, baja presión y dependencia de pipas.
Además, esta situación es más grave en zonas rurales: 51% de las viviendas carece de infraestructura hidráulica dentro de la casa. Se indicó que muchas familias dependen de tomas fuera de la vivienda, pozos, ríos o pipas.