La inversión es el motor para detonar el crecimiento económico. La disminución de su ritmo refleja el debilitamiento del proceso de acumulación de capital, indispensable para sostener el desarrollo.
En México, llevamos 18 meses consecutivos con un comportamiento anual negativo de la inversión física y sus efectos son notorios en la atonía de la actividad económica. Más aun, si evaluamos la inversión como porcentaje del PIB en los últimos 20 años, no hemos podido superar el 25%; por debajo del referente internacional de 30% para economías emergentes.
A su vez, la proporción mínima recomendada de inversión pública es del 4%–6%; en México el pico fue en 2009 de 5.90%. Además, la inversión privada (el componente mayoritario de la inversión total) también ha venido en declive, con su mayor registro en 2023 de 20.90%.
¿Cómo llegamos aquí? La situación se volvió estructuralmente adversa: baja demanda, alta incertidumbre institucional y falta de políticas industriales y, por ello, la economía dejó de expandir su capacidad productiva, al tiempo que se reforzaron las desigualdades regionales.
Asimismo, durante años la economía mexicana ha estado expuesta a un entorno de elevada incertidumbre tanto por factores externos como internos. La incertidumbre afecta las decisiones de consumo (aumentar ahorros precautorios) y de inversión (posponer proyectos hasta contar con mayor certeza).
Si el contexto condiciona, pero no determina; el anuncio del Plan México hace más de un año representa el cambio estructural necesario. El sentimiento detrás del plan es recordar la complementariedad entre sector público y privado: son uno mismo, un mismo México que se beneficia de una prosperidad compartida.
Sin embargo, la alineación de incentivos no se logra con anuncios; del dicho al hecho hay mucho trecho. Se refleja en la confianza en el Estado de derecho: seguridad pública, certeza jurídica y estabilidad tributaria. La inversión a largo plazo de empresas nacionales y extranjeras responde a cómo se anticipa la resolución de disputas contractuales y regulatorias, esa previsibilidad solo se logra con instituciones robustas.
La burocracia es el modelo institucional que organiza normas, jerarquía, impersonalidad y eficiencia. Sin embargo, los trámites no disponibles en portales oficiales, exceso de requisitos, tramitación presencial y vigencias muy limitadas abren espacio a la discrecionalidad y la corrupción. Por eso la transformación digital del sector público es clave para eliminar barreras de entrada.
Una ventanilla única digital, centrada en las personas que realizan los negocios, sí es innovadora. Las oportunidades de mejora normativa se concentran en el ámbito de la eficiencia gubernamental: trámites, tiempos de respuesta y coordinación institucional.
Considerando que más del 90% de las empresas en México son Pymes y que generan más del 70% del empleo, el hecho de que sólo el 9% de los trámites sean gratuitos, que el costo promedio sea $5,000 o que dure más de 90 días su aprobación, los vuelve una desventaja competitiva relevante por tamaño de empresa.
Por otra parte, la iniciativa de aprobar de manera inmediata los proyectos de inversión que cumplan con alguno de los criterios de ubicación en polos de bienestar, inversión superior a $2,000 mdp y/u operación en sectores estratégicos; genera una señal clara: cero obstáculos para las grandes empresas.
La metáfora es clara: tú y yo somos uno mismo, pero para que la pareja funcione no basta el reencuentro hace falta ritmo. Que la inversión “corra, vuele y se acelere” exige políticas que combinen corazón público con eficiencia privada: transparencia, infraestructura y Estado de derecho.
Por: Aranxa Sánchez, economista principal Bankaool