Expertos en vivienda y derecho inmobiliario consideran que la regulación al sector de rentas impulsada en la Ciudad de México (CDMX) no solo no resuelve las problemáticas actuales, sino también podría generar mayor incertidumbre jurídica y endurecer los requisitos para arrendatarios.
Recientemente, se hizo pública la propuesta de reforma en materia de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
Para Ignacio Morales Lechuga, notario público y ex procurador general de la República, la iniciativa podría afectar la seguridad jurídica inmobiliaria si no se analiza con cautela.
“Lo preocupante empezó en el 2024 con el tope a las rentas, pero ha continuado la tendencia del Estado de meterle mano al contrato de arrendamiento, bajo el seductor concepto de la justicia social y el derecho a la vivienda. Esta es una medida que va en contra de impulsar el sector habitacional”, advirtió.
Morales Lechuga explicó que el problema de los altos precios de vivienda en renta en la Ciudad de México tiene origen en la falta de construcción habitacional, situación que atribuyó a la burocracia y la corrupción.
El especialista recordó que el gobierno de Brugada se comprometió a ejecutar 200,000 acciones de vivienda asequible; sin embargo, el sector se mantiene estancado.
“El gobierno no tiene ni fondos ni recursos para obras de vivienda, tendría que facilitar la construcción privada, pero hoy una licencia tarda de dos a cuatro años en ser aprobada. Además, la corrupción impide el desarrollo; si no se paga por todos lados, no se pueden obtener los permisos", añadió Morales.
De acuerdo con los expertos, los cambios regulatorios no resuelven conflictos que el sector de rentas ha arrastrado por años en la Ciudad de México. En contraste, ponen en juego algunos derechos, entre ellos la seguridad jurídica, la protección de datos personales, el debido proceso, la libertad contractual y el acceso a la justicia.
René Bolio, abogado y especialista en administración pública, destacó que existe preocupación por el derecho a la propiedad, debido a que en México los litigios para recuperar una vivienda ocupada por un inquilino moroso pueden prolongarse entre tres y cuatro años.
“Estamos en un desequilibrio muy grave, porque se empieza a particularizar, a dividir entre buenos y malos, el pobre arrendatario y el propietario malo. Hay una tensión entre dos realidades de inquilinos y propietarios”, apuntó.
El aumento de riesgos y la mayor regulación podrían provocar que los propietarios endurezcan los requisitos para rentar una vivienda, mediante mayores garantías, depósitos, pólizas y solicitudes de fiadores, condiciones que muchos arrendatarios no podrían cumplir.
María Elena Loperena Ruíz, especialista en soluciones de vivienda y desarrollo urbano, indicó que esta clase de medidas no benefician a ninguna de las partes y aumenta las fricciones en el sector.
“A la gente que necesita rentar una casa tampoco le conviene este clima de incertidumbre, porque lo único que está creando es escasez de oferta, de inversiones y van a subir los precios”, dijo.