Lacrisis financiera de Air-e dejó de ser un problema aislado del mercado eléctrico y comenzó a generar consecuencias internacionales para Colombia. La empresa española Termocandelaria Power S.A. (TPSA) inició un arbitraje contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Grupo Banco Mundial.
La solicitud, presentada el 6 de abril de 2026, argumenta que una serie de medidas adoptadas por el Estado colombiano desde 2024 afectaron gravemente la remuneración que debían recibir las generadoras térmicas por la energía suministrada a Air-e, compañía de distribución y comercialización intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
La compañía sostiene que las decisiones tomadas por Colombia violan el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia, vigente desde septiembre de 2007.
Según la empresa, las actuaciones del Estado habrían incumplido principios contemplados en el tratado, entre ellos el estándar de trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias y discriminatorias contra inversionistas extranjeros.
La empresa asegura que estas decisiones ya ocasionaron pérdidas materiales superiores a US$198,4 millones al momento de presentar la demanda, además de daños futuros que serán cuantificados durante el proceso arbitral.
TPSA opera en Colombia desde hace más de 20 años a través de sus filiales Termocandelaria S.A.S. E.S.P. (TECAN) y Termobarranquilla S.A. E.S.P. (TEBSA).
Entre ambas compañías suman una capacidad efectiva neta cercana a1.466 megavatios (MW), consolidándose como una de las mayores carteras de generación termoeléctrica del país.
La empresa advirtió que la situación de Air-e representa actualmente un riesgo para la sostenibilidad de la generación térmica y para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, especialmente en un contexto de presiones energéticas y advertencias sobre posibles riesgos de abastecimiento.
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