Honduras tratará a partir de este sábado a los carteles del narcotráfico y a las pandillas como "organizaciones terroristas", cuyos miembros verán aumentadas considerablemente sus condenas, anunció el Congreso del país centroamericano.
El pasado 18 de mayo, el Congreso hondureño, dominado por la derecha, aprobó de manera unánime un decreto que declara como "terroristas" a los integrantes de estos grupos criminales.
Sus cabecillas, además de la pena por el delito que sean condenados, deberán sumar de 15 a 20 años de cárcel por pertenecer a un cartel o una pandilla. Quienes no sean jefes purgarán de 10 a 15 años adicionales.
La publicación de la norma en el diario oficial se hizo pública por varias autoridades este sábado.
Con estas "medidas firmes" se busca "fortalecer la lucha contra la criminalidad y devolverle la tranquilidad a las familias", escribió el presidente del Congreso hondureño, Tomás Zambrano, en su cuenta de X.
La nueva norma eleva de 15 a 20 años de cárcel los delitos relacionados con la extorsión, que sufren principalmente comerciantes y transportistas. También amplía la presencia militar en las calles para el combate a las pandillas y el crimen organizado.
"Las calles tienen que volver a ser de la gente honrada, no de quienes viven sembrando miedo y violencia (...) Honduras necesita orden, seguridad y decisiones firmes", dijo Zambrano.
El decreto contempla a su vez la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una estructura que permitirá unificar inteligencia, investigación y operaciones del Estado contra las estructuras criminales, indicó el Congreso hondureño en un comunicado.
Aunque la ley cataloga a las pandillas y carteles como "terroristas", la designación a organizaciones específicas bajo esta modalidad será responsabilidad de una comisión liderada por el presidente Nasry Asfura.
Honduras, con una tasa de homicidios de más de 24 casos por cada 100.000 habitantes, atraviesa una crisis de violencia vinculada al narcotráfico.
El pasado jueves, una serie de incursiones en el norte del país dejó un saldo de al menos 26 personas muertas, entre ellas cinco policías que fueron ejecutados durante un operativo dirigido contra una red de narcotráfico vinculada al mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
str/jjr/cr