El Congreso de Bolivia abrió este martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia.
Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.
"Queda sancionada la presente ley", dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados.
Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que pedían medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia.
Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar.
Los críticos de la derogación de la norma, como el diputado Edwin Valda, argumentaron el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Para su colega Sonia Siñani, con la decisión de este martes se echará "gasolina al fuego" en las protestas.
En cambio, los defensores señalan que la ciudad de La Paz, sede del gobierno, sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos.
"Esta ley ha sido una camisa de fuerza" para resolver el problema, opinó el diputado Alejandro Reyes.
La derogación de la norma, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del trámite común para sacarla adelante en solo una semana.
La norma eliminada se remonta a la crisis social de hace seis años, que dejó más de 30 muertos y derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, tras su última reelección entre acusaciones de fraude de la oposición.
Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.
Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder.
El gobierno de Paz asegura que las protestas buscan "alterar el orden democrático" y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.
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