La nueva disposición fue publicada en la Gaceta Oficial pocas horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión virtual realizada el martes. El Senado había dado luz verde al proyecto el pasado fin de semana.
Con la promulgación de la norma queda sin efecto la Ley 1341 de Estados de Excepción, vigente desde julio de 2020, que reglamentaba varios artículos de la Constitución relacionados con el uso de medidas extraordinarias frente a conflictos internos.
La ley derogada establecía restricciones específicas para la participación de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles y fijaba un límite de 60 días para la vigencia de un estado de excepción.
Además, señalaba que la intervención militar solo podía autorizarse cuando la Policía hubiera sido superada y no existiera otro medio efectivo para restablecer el orden público.
Con la abrogación de esa normativa, el Gobierno recupera un mayor margen de maniobra para recurrir a los mecanismos constitucionales de emergencia ante situaciones de conmoción interna.
Sin embargo, la promulgación de la nueva ley no implica la activación automática de un estado de excepción. La Constitución boliviana de 2009 mantiene vigente el requisito de que cualquier declaratoria de este tipo debe ser emitida mediante decreto y posteriormente sometida a la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
La Carta Magna también establece que, incluso bajo un estado de excepción, no pueden suspenderse las garantías ni los derechos fundamentales.
El Ejecutivo de Paz, que lleva poco más de seis meses en funciones, ha insistido en que una eventual declaratoria de estado de excepción sería utilizada únicamente como último recurso si fracasan los intentos de diálogo con los sectores movilizados.
La decisión gubernamental ocurre en medio de una creciente presión política y social por parte de diversos sectores afectados por los bloqueos, algunos de los cuales han solicitado medidas más drásticas para restablecer el tránsito en las carreteras y garantizar el abastecimiento.
Legisladores oficialistas y sectores de la oposición respaldaron la eliminación de la Ley 1341 argumentando que imponía restricciones excesivas al Ejecutivo para responder a situaciones de crisis.
Las movilizaciones comenzaron en el departamento de La Paz y posteriormente se extendieron hacia Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
Las protestas son encabezadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz.
Tras casi cuatro semanas de conflicto, varias ciudades, entre ellas La Paz y El Alto, enfrentan problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal.
Las autoridades denunciaron además que los cortes de rutas han dificultado el acceso oportuno a servicios médicos y habrían contribuido a la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años.
La tensión también aumentó luego de los disturbios registrados el sábado durante un operativo destinado a desbloquear una carretera troncal.
La Fiscalía boliviana investiga la muerte de un hombre que recibió un disparo en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El episodio intensificó el debate político sobre el manejo de la crisis y sobre el eventual uso de mecanismos excepcionales por parte del Gobierno para contener la conflictividad social.
Con Reuters, EFE y medios locales