La reconocida activista Rocío San Miguel regresó a Venezuela para dar "cierre" a un proceso judicial que la mantiene con libertad condicional acusada de terrorismo, luego de permanecer en España casi cinco meses tras su excarcelación, informó el miércoles su familia.
San Miguel fue una de las primeras personas en salir de prisión en Venezuela durante la ola inicial de excarcelaciones de presos políticos tras el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en enero.
La abogada y activista de derechos humanos fue liberada el 8 de enero junto con otros cuatro españoles. Todos fueron enviados a España. San Miguel tiene doble nacionalidad.
"Rocío San Miguel ha regresado a Venezuela en el marco de las actuaciones judiciales aún pendientes relacionadas con su caso", se lee en un comunicado de su familia fechado el miércoles que circula en redes sociales.
"Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva", agregó el texto.
Su abogada Theresly Malavé confirmó a la AFP el regreso de San Miguel, sobre quien pesa una prohibición de declarar a la prensa. La abogada, también experta en temas militares, tenía amplia presencia en medios de comunicación locales e internacionales.
San Miguel fue arrestada en febrero de 2024 acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) y posteriormente a Nicolás Maduro.
Su defensa siempre lo negó.
Directora de la ONG Control Ciudadano, San Miguel estaba detenida bajo acusación de "traición", "terrorismo" y "conspiración", según las autoridades.
Se encontraba en El Helicoide, una temida cárcel del servicio de inteligencia que oenegés califican de "centro de torturas".
Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de manera temporal. Gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo del país.
La presidenta encargada promulgó una histórica ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que sin embargo expertos han criticado por considerarla insuficiente.
El gobierno alega que hay unos 8.000 beneficiados con la amnistía, vigente desde febrero, pero la mayoría no estaban presos, sino bajo proceso judicial.
La oenegé Foro Penal advirtió que hasta el 25 de mayo quedaban 409 presos políticos en Venezuela.
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