La canadiense Blue Diamond, tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba, anunció este lunes 1 de junio el cese de sus operaciones en la isla "con efecto inmediato".
La decisión tiene lugar a días del vencimiento del plazo fijado por Estados Unidos para que las empresas extranjeras deshagan sus vínculos con compañías vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas, y se suma a una seguidilla de salidas que expone el deterioro de la economía de la isla.
Blue Diamond operaba alrededor de una quincena de hoteles bajo las marcas Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance, principalmente en La Habana, Varadero y Cayo Largo del Sur. Era una de las pocas cadenas que había expandido su presencia en Cuba en los últimos años.
La reducción de actividades comenzó en febrero, cuando el bloqueo petrolero impuesto por Washington forzó una reorganización del sector energético y llevó a todas las aerolíneas canadienses, entre ellas Sunwing, del mismo grupo empresarial, a suspender sus vuelos a la isla por falta de combustible.
El plazo que vence el 5 de junio es el establecido por la Orden Ejecutiva 14404 del presidente estadounidense Donald Trump, que dispone sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos con Cuba y con el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, GAESA.
Varias compañías de distintos sectores ya habían anunciado su salida o un replanteo total de su estrategia antes de esa fecha. La más significativa es la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en la isla.
Las dos principales hoteleras, las españolas Meliá e Iberostar, con 35 y 18 establecimientos respectivamente, no han anunciado cambios por el momento.
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El mismo colapso energético que expulsa a las empresas extranjeras tiene otra cara: Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que reparte con enormes dificultades.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene unas 11.000 toneladas de alimentos y suplementos nutritivos bloqueadas en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba. Otras agencias como Unicef y el PNUD tienen decenas de contenedores en esos mismos puertos, cuyo contenido logran extraer y distribuir con lentitud.
Además, el PMA tiene más de 8.000 toneladas almacenadas en distintos puntos del país que se están repartiendo, según fuentes conocedoras de la situación que pidieron reserva de identidad, "a un ritmo mucho más lento del que debería".
La distribución se hace "a pulmón", contenedor a contenedor, con pequeñas cantidades de combustible conseguidas de distintos actores, lo que impide cualquier planificación.
La ONU estima que necesita más de cinco millones de litros de diésel para operar durante un año.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) presentó a la delegación de Estados Unidos en Naciones Unidas un plan de trazabilidad para demostrar que el combustible no beneficiaría al Estado cubano, pero pasadas más de cinco semanas Washington no ha respondido. El país norteamericano es el mayor donante del PMA, pese a los recortes recientes.
El problema se agrava porque las dos principales navieras internacionales que operaban con Cuba —la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd— dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla, tras la ampliación de sanciones dispuesta por Trump el 1 de mayo. Esto deja a la ONU con varios miles de toneladas de alimentos ya comprados en el exterior que no puede trasladar.
Mientras tanto, los apagones en La Habana alcanzan las 22 horas diarias —y hasta dos días seguidos en algunas provincias—, la escasez de alimentos y medicamentos se profundiza y el transporte, la agricultura y la industria se encuentran en gran medida paralizados.
Washington ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, al mismo tiempo que mantiene la presión económica, energética y militar sobre la isla.
Con EFE y AFP