Un tribunal de Honduras encontró culpables este lunes a 11 policías de una unidad antipandillas, recién desarticulada, por las torturas y robo a dos ciudadanos filipinos en 2023, informaron fuentes judiciales.
Los policías eran parte de la Dipampco, desmantelada el viernes por el gobierno del presidente conservador, Nasry Asfura, tras la muerte de cinco miembros de esa célula en una operación antidrogas plagada de irregularidades el pasado 21 de mayo.
El Poder Judicial de Honduras dijo en un comunicado publicado en X que los 11 agentes fueron condenados por robo con violencia, privación ilegal de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros delitos.
Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 "cuando los ahora condenados valiéndose de sus cargos irrumpieron de forma ilícita en la vivienda" de los filipinos en el municipio de Villanueva, norte de Honduras, indicó por su lado la Fiscalía.
Las "víctimas fueron sometidas a actos de tortura, privadas ilegalmente de su libertad, además de que se les habrían implantado pruebas de manera ilícita", agregó el Poder Judicial.
La audiencia en la que se conocerán las penas contra los sentenciados se realizará el 22 de junio.
La Dipampco está señalada, además, de abusos contra los derechos humanos, por lo que Estados Unidos, que en un inicio entrenó a sus miembros, le retiró el apoyo durante el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro (2022-2026).
Antes del desmantelamiento de la Dipampco, su cúpula ya había sido suspendida por la muerte de los cinco policías en la localidad de Omoa, fronteriza con Guatemala.
Los agentes fueron atacados cuando iban a allanar una casa donde supuestamente había miembros de una red vinculada a narcotraficantes mexicanos.
La Dipamco ganó protagonismo en el marco de un estado de excepción con el que la presidenta Castro intentó sin éxito replicar la ofensiva contra las pandillas del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.
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