San José, 2 jun (EFE).- Costa Rica se ha convertido en un pionero regional en movilidad eléctrica con leyes puntuales e incentivos para este tipo de vehículos, que cada vez son más y que han venido a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados del alto consumo de combustibles fósiles del sector transporte.
Según datos oficiales, el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero con más de un 40 % del total en Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes donde la flota de vehículos es de 3,19 millones y donde los embotellamientos son pan de cada día, especialmente en las ciudades.
Los datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) indican que en 2025 habían 34.307 vehículos eléctricos registrados en el país, y la proyección para 2026 es de que el número alcanzará los 47.672 con la inscripción de 13.385, que sería el mayor número anual desde la llegada de esta tecnología al país en 2010.
En 2025, el 16 % de los vehículos nuevos que ingresaron a Costa Rica fueron eléctricos y en lo que va de 2026 el número ronda el 20 %, según la información de Asomove.
"Costa Rica es pionero no solo a nivel de América Latina sino de las Américas. El año pasado tuvo el ingreso (de vehículos eléctricos) más alto de toda América y este año va ganando Uruguay (con cerca del 25 % del total de vehículos nuevos) que tiene un paquete de incentivos muy bueno y ha trabajado muy bien la infraestructura de carga", declaró a EFE la directora de Asomove, Silvia Rojas.
El país es reconocido por sus políticas ambientales y producir con fuentes limpias más del 95 % de su electricidad, ahora tiene como meta convertirse en un país carbono neutral en el año 2050, para lo cual la movilidad eléctrica supone un eslabón clave.
En 2018 entró en vigencia en este país centroamericano la Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico, la cual ha brindado exenciones fiscales a la importación y venta de estos vehículos, además de algunos beneficios para los propietarios, como una respuesta ambiental al problema de las emisiones de transporte.
Rojas dijo que la ley ha sido "pionera" a nivel continental y ha servido como ejemplo para otros países de la región latinoamericana que están apostando con fuerza por esa tecnología.
Explicó que en Costa Rica las ventas comenzaron a crecer debido a la ley desde 2018 y a partir de 2023, con la llegada de más marcas y modelos de vehículos eléctricos, se ha experimentado un nuevo impulso debido a la competencia y precios más bajos.
"Hoy un vehículo eléctrico es igual de accesible que uno de combustión e incluso más barato a la hora de la compra, y haciendo los números de años posteriores, se le suman más ahorros", declaró Rojas, quien destacó que en la actualidad cada vez más empresas están renovando su flotilla de carga por la tecnología eléctrica por responsabilidad ambiental, pero también por rentabilidad.
El transporte público también se ha apuntado a este cambio y un ejemplo de ello es la empresa que opera la ruta urbana entre San José y la localidad de La Uruca, que para este 2026 tiene previsto que la totalidad de su flotilla de 35 autobuses sea eléctrica.
Uno de los grandes retos del país es la infraestructura de cargadores públicos, pues su instalación no ha sido tan rápida como el crecimiento de la cantidad de autos eléctricos.
Rojas comentó que en la actualidad hay 57 estaciones de carga rápida en las carreteras del país instaladas por las empresas distribuidoras de electricidad, pero hay una iniciativa de ley que busca permitir que empresas privadas también lo puedan hacer.
En el país también hay una red de unos 400 cargadores de menor capacidad instalados en sitios como centros comerciales, bancos, instituciones y otras comercios, a lo que se suman los cargadores que los propietarios de vehículos también pueden colocar en sus casas.
Douglas Marín
(c) Agencia EFE