La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes en un primer debate una propuesta para abrir el sistema eléctrico a la inversión privada, permitiendo la conformación de empresas mixtas para realizar actividades en toda la cadena del servicio, tras casi dos décadas de control estatal.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha presentado al parlamento varios proyectos de reforma a leyes como la de hidrocarburos y minería que amplían la participación de la inversión privada nacional y extranjera.
Las reformas son apoyadas por el Gobierno de Donald Trump, quien ha dicho que ayudará a reactivar la economía venezolana para beneficiar a compañías de Estados Unidos y a la población del país sudamericano.
El sector eléctrico venezolano enfrenta una severa crisis por la falta de inversión y mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo con analistas.
Varias regiones del país enfrentan horas sin energía eléctrica, lo que afecta los servicios de agua y telecomunicaciones. La falta de energía confiable ha generado dudas entre inversionistas de si podrán llevar adelante sus propuestas.
Los diputados aprobaron en primera discusión la propuesta legal, que incluye 42 artículos y que luego será sometida a consulta con diversos sectores, Se requiere un segundo proceso para la aprobación definitiva, según las normas venezolanas.
El proyecto, del cual Reuters vio un borrador, señala que el desarrollo del sector eléctrico -que incluye generación, transmisión, distribución y comercialización-, podrá estar en manos del Estado, de empresas mixtas con una participación estatal superior al 50%, compañías con mayoría accionaria privada o empresas totalmente privadas.
Con ese texto, la actividad registraría una profunda reforma después de que en 2007 fuera nacionalizada por el fallecido expresidente Hugo Chávez. En 2010, bajo su mandato, se creó la ley del servicio eléctrico que "reservaba al Estado" la generación, transmisión, distribución y comercialización.
Según el proyecto, la empresas mixtas tendrán una duración máxima de 25 años, un plazo que será acordado entre las partes, con una prórroga no mayor de 15 años.
Garantizar un suministro eléctrico estable es una de las prioridades de Rodríguez, pero el país, falto de liquidez, no ha logrado hasta ahora garantizar pagos puntuales a los proveedores que ayudarían a la recuperación de industrias clave, dijeron fuentes a Reuters en mayo.