La Paz, 2 jun (EFE).- Las protestas y bloqueos de carreteras registrados en Bolivia desde hace cinco semanas con las que campesinos, obreros y afines al exmandatario Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz ya deja al menos nueve muertos, mientras el Gobierno denunció una supuesta injerencia extranjera en las movilizaciones.
Esta jornada se conoció sobre la muerte de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde la ciudad andina de Oruro a La Paz para recibir un tratamiento de radioterapia y de un conductor de transporte pesado que enfermó tras permanecer atrapado durante 32 días en un corte de rutas.
La mujer falleció durante el trayecto porque la ambulancia tuvo que hacer el recorrido por vías alternas debido a los bloqueos, señaló la responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro, Paola Navarro.
Mientras que el conductor, que vivía en la ciudad central de Cochabamba, viajó al exterior para importar mercadería, pero al regresar se topó con los bloqueos de carreteras y empezó a presentar problemas de salud, relató a los medios la esposa del fallecido, Zulema Ramos.
"Ha llegado cerca de La Paz, ha rogado (para que le permitan pasar), incluso le querían quitar la mercadería, él ha rogado, avanzó un tramo, pero después ahí se ha quedado, ya no tenía tampoco dinero", contó entre lágrimas Ramos, quien llegó este martes a La Paz para gestionar el traslado del cuerpo de su esposo.
Ambos decesos se suman a los siete registrados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y mencionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado en el que expresó su preocupación por la "escalada" de los conflictos e instó al Gobierno y a los sectores movilizados a "priorizar el diálogo".
De los siete fallecimientos reportados por la Defensoría desde que inició el conflicto, cuatro fueron por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, uno por disparo por arma de fuego en medio de un operativo de desbloqueo y otras dos "personas movilizadas", aunque no explicó las circunstancias de esos decesos.
La CIDH defendió que la protesta social es "una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos", aunque también reconoció que los bloqueos de carreteras prolongados "pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos".
Por su parte, el canciller boliviano, informó que se gestiona la "salida inmediata" del país de extranjeros identificados en las protestas, lo que, a su juicio, es una prueba de que existe un "proceso de desestabilización" de la democracia mediante la "injerencia" externa.
Aramayo aludió así a la participación del argentino Sebastián Copello, del Partido Obrero - Frente de Izquierda en una reciente reunión de la Central Obrera Boliviana (COB) y a la presencia en las manifestaciones de la también argentina Mercedes Trimarchi, vinculada a la agrupación Izquierda Socialista, quien abandonó el país tras las críticas de las autoridades nacionales.
Las protestas y bloqueos de caminos en Bolivia son liderados por sectores campesinos del altiplano, la COB y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz como su “única” demanda.
Los cortes de rutas se extendieron en las últimas semanas a ocho de las nueve regiones de Bolivia y ocasionan escasez de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal.
El Gobierno intentó el 16 y 23 de mayo abrir "corredores humanitarios" para el paso de los alimentos e insumos, pero estas operaciones, en las que intervinieron policías y militares, derivaron en enfrentamientos con los manifestantes y disturbios. Desde entonces, no hubo más intentos por desbloquear las carreteras.
Tampoco prosperaron los intentos de diálogo promovidos por el Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, pues los manifestantes insisten en que Paz debe renunciar.
Ante la falta de soluciones, algunos políticos plantearon la posibilidad de adelantar un referéndum revocatorio para decidir la permanencia de Paz, parlamentarios y del vicepresidente Edmand Lara, quien rechazó la propuesta al considerarla "anticonstitucional". EFE
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