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"Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos correspondía dictar esas resoluciones", defendió el ministro de Justicia Fernando Rabat, en una entrevista con radio Duna.
El medio de investigación Interferencia informó el miércoles que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast redujo la condena de 56 personas por abuso sexual y violación desde que asumió el gobierno en marzo.
Posteriormente, el medio El Mostrador afirmó que el gobierno también benefició a dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), del que Kast es defensor.
En la calle, nuestra corresponsal en Santiago, Yasna Musa, entrevistó a varios manifestantes que salieron a pedir la renuncia del ministro en el frontis de su cartera. Laura Manzi, vocera de la coordinadora Feminista, manifestó que la reacción del ministro y del gobierno es "absolutamente insuficiente a un error que pone en riesgo la seguridad y la libertad de niñas, niños y adolescentes, así como de quienes fueron víctimas de la dictadura".
Florencia, de la Secretaría General de Sexualidades y Género de la Universidad de Chile, también se manifestaba junto a otras compañeras. "Nosotras, como estudiantes universitarias, estamos acá manifestándonos para exigir la renuncia del ministro y que el Gobierno se haga cargo, que estos no son simples errores, sino que es una respuesta estatal, gubernamental a los problemas que claramente no le interesa la violencia hacia las mujeres".
A raíz de la controversia, el ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena. En un comunicado, informó además sobre un proyecto destinado a impedir que condenados por delitos sexuales a menores sigan accediendo a esos beneficios. La ley contempla reducciones de condena por buena conducta luego de que hayan cumplido la mitad de sus penas.
La oposición convocó una sesión extraordinaria del Congreso para abordar el escándalo y planteó incluso la posibilidad de un juicio político contra el ministro de Justicia.
Rabat ha estado en el centro de la polémica desde que el gobierno asumió en marzo. El abogado defendió a Pinochet en 2004, en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivado tras la muerte del general.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado su gestión.
Esta semana, su ministerio presentó un proyecto de ley que impediría al Instituto Nacional de Derechos Humanos presentar querellas en tribunales.
También planea reducir el presupuesto para 2027 del Plan de Búsqueda impulsado por el izquierdista Gabriel Boric en 2024, que tiene como objetivo esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Con información de la AFP