Como medida de protesta, los firmantes suspendieron su participación académica en la institución, llamaron a redes del derecho a revisar sus vínculos con la usina peruana y el jurista Eugenio Zaffaroni devolvió el honoris causa que le habían concedido en 2009.
El comunicado denunció que el reconocimiento contradice los valores universitarios, tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la ejecución de apenas el 9,3% de los fondos para hospitales académicos en el inicio de 2026, el cierre de más de 28.000 empresas, la pérdida de 341.396 empleos registrados y la aplicación del protocolo antipiquetes ante manifestaciones opositoras.