Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina señalado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible, llegó este viernes a la Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, aclaró que el exservidor público no fue extraditado ni deportado por Argentina, sino expulsado luego de que las autoridades de ese país analizaran las pruebas presentadas por México.
De acuerdo con Godoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó formalmente la extradición el pasado 21 de mayo, después de que Farías Laguna fuera detenido el 23 de abril en Buenos Aires.
Sin embargo, las autoridades argentinas determinaron posteriormente su expulsión, por lo que representantes de la FGR viajaron a ese país para realizar el traslado a México, concretado la tarde del jueves 20 de agosto.
La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó el procedimiento y afirmó que Farías Laguna había solicitado asilo para evitar enfrentar a la justicia mexicana. Según la funcionaria, el gobierno de Javier Milei rechazó la petición y posteriormente ordenó su expulsión.
Tras aproximadamente 10 horas de viaje desde Buenos Aires, Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la madrugada de este viernes.
La FGR informó que, una vez en territorio mexicano, el exmilitar fue presentado ante un médico legista para certificar su estado de salud. Posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
El excontralmirante, de 47 años, es requerido por la justicia mexicana por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos.
La investigación de la FGR apunta a una presunta organización dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante la introducción y comercialización ilegal de combustibles.
Según las indagatorias, la red habría utilizado buques tanque que arribaban a puertos como Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California. Los hidrocarburos eran presuntamente declarados como aceites o aditivos con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
Posteriormente, los combustibles habrían sido transportados y distribuidos mediante empresas legalmente constituidas, algunas de las cuales presuntamente también eran utilizadas para lavar las ganancias obtenidas de las operaciones ilícitas.
La FGR sostiene que en la estructura habrían participado servidores públicos, así como accionistas, apoderados, socios y enlaces encargados de la distribución del combustible.
Ernestina Godoy señaló que las investigaciones continúan y que la Fiscalía trabaja en la obtención de nuevas órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con la organización.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas han detenido a otras 15 personas que estarían vinculadas con la red investigada.
La fiscal general también reconoció la colaboración de las autoridades de justicia y de la cancillería de Argentina, así como la participación de instituciones mexicanas como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La FGR indicó que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de la presunta estructura criminal y evitar que recursos obtenidos mediante actividades ilícitas sean incorporados a la economía formal.