La justicia argentina acusó formalmente este lunes a siete iraníes y un libanés por su presunta participación en el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, otro paso hacia un posible juicio en ausencia.
El 18 de julio de 1994, un coche bomba destrozó la AMIA y dejó 85 muertos y 300 heridos.
En 2025 la justicia habilitó la posibilidad de someter a los responsables a un "juicio en ausencia".
"La decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbolá", escribió el juez de la causa, Daniel Rafecas, en un comunicado.
Los procesados son siete personas que ocupaban altos cargos en el Estado iraní al momento del ataque y un agente del movimiento chiita libanés Hezbolá.
Entre ellos figura Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entonces comandante de la Fuerza Quds.
Otros procesados son el entonces ministro de Inteligencia iraní, Alí Fallahijan; el excanciller Alí Velayati y el exembajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour.
El magistrado también les impuso embargos por 500 millones de dólares a cada uno.
La decisión acerca la causa a un eventual juicio oral.
La defensa, sin embargo, aún puede apelar la acusación y deberán cumplirse otros pasos procesales antes de que la causa pueda ser elevada a juicio. "Falta todo un trámite", detalló Rafecas a la AFP.
El juez apartó de la causa a otros dos acusados por falta de pruebas.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión en redes sociales: "La moral como política de Estado!", escribió al citar una publicación del ministro de Justicia informando la decisión judicial.
El mandatario es un férreo aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que señala a Irán como responsable del atentado. Además, Milei catalogó a Irán como enemigo de Argentina y fue durante su gestión que se aprobó la ley que habilita el juicio en ausencia.
La ley "permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso", sostuvo el Rafecas en su comunicado.
Los perpetradores cargaron con explosivos una camioneta que hicieron explotar contra el edificio de la organización judía.
Rafecas calificó el atentado como "un crimen de lesa humanidad, así como también en la figura de genocidio en los términos del derecho internacional".
Dos años antes otro atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires causó 22 muertes. Rafecas señaló en su fallo que existe una posible conexión entre ambos ataques.
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