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BUENOS AIRES (AP) — En un abierto desafío al presidente Javier Milei, referentes de las universidades públicas argentinas se movilizaban el jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país en reclamo de que cumpla una ley que garantiza fondos estatales para actualizar los salarios de los docentes y asegurar el funcionamiento de las casas de estudio.
Esta quinta marcha en defensa de la educación pública se produce en un clima de creciente descontento con las políticas de ajuste del mandatario y luego de que en los días previos se sucedieran cortes de calles por parte de estudiantes que celebraron clases públicas y de que un juez impusiera una multa al Ejecutivo por incumplir una medida cautelar que lo obliga a acatar la Ley de Financiamiento Universitario.
El gobierno se resiste a la aplicación de esa norma aprobada en 2024 argumentando que rompe el equilibrio fiscal.
Los manifestantes se congregaron en diversos puntos de Buenos Aires y marcharán hacia las inmediaciones del Congreso. Son respaldados por organizaciones sociales y sindicatos que también reclaman fondos para la salud pública y los discapacitados.
Los referentes de la protesta sostienen que la educación pública sufre un deterioro "dramático" por la disminución de los fondos estatales en el marco de las políticas que buscan garantizar el superávit fiscal.
Además denuncian que los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades se licuan. La inflación en septiembre fue de 1,9% mientras que la interanual alcanzó 33,4%, según la última medición oficial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) —una de las de mayor prestigio en América Latina— defienden el reclamo contra el gobierno en los estrados judiciales y liderarán la marcha. "No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen siempre", señaló la UBA en X.
Las autoridades de ambas instituciones afirman que el sistema universitario acarrea una caída de recursos de más de 40% entre desde 2023 y advierten que si el presupuesto para los centros terciarios no se actualiza se deteriorarán la investigación científica y el funcionamiento de los hospitales universitarios.
La primera marcha universitaria transcurrió en abril de 2024, a cinco meses del inicio de la gestión de Milei. Esa multitudinaria movilización fue motivada por el congelamiento de los fondos para las universidades, que se declararon en emergencia presupuestaria.
Recientemente el juez federal Martín Cormick resolvió que Diego Santilli, jefe de Gabinete y responsable de la administración del presupuesto nacional, pague 100.000 pesos (65 dólares) diarios como multa por el incumplimiento de la ley.
En junio, un fallo de la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar de ese juez que obliga al gobierno a acatar los artículos de la norma que estipulan la actualización de los salarios del personal de las universidades y las becas estudiantiles.
La ley fue ratificada por ambas cámaras legislativas en 2025, luego de que el presidente la vetara.