Aun sin tener el resultado definitivo de las elecciones del pasado fin de semana en Perú, hay una gran certeza que ha caracterizado también las elecciones pasadas en este país andino: el margen de quien resulte ganador será mínimo. De nuevo habrá que esperar para conocer el resultado final; esperar a que las autoridades electorales se pronuncien para saber cuál es la diferencia definitiva de adhesiones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Esta diferencia mínima contrasta con los 6 millones de electores que no participaron en la segunda vuelta, dejando así la decisión sobre el futuro de su país en manos de una pequeña cantidad de votantes, que habrán decidido el resultado de la votación. Las minorías siguen imponiendo su voluntad, mientras que las mayorías quedan en espera y no se sienten partícipes.
Esta situación refleja la paradójica situación política del Perú, donde la aceptación de los presidentes recién elegidos decae rápidamente después de asumir el cargo, tanto entre la ciudadanía en general como en el propio Parlamento, que cae rápidamente en la tentación de "vacar" a un presidente.
La propia candidata de derecha, Keiko Fujimori, tiene mucha experiencia en mover los hilos en el Parlamento y en impulsar acuerdos secretos en detrimento de quienes están en el poder, tradición que le cuesta mucha legitimidad a la política del país.
Ante la fragmentación partidista y los tránsfugas en un Parlamento que ahora será ampliado con un Senado, quien resulte ganador o ganadora de las actuales elecciones tendrá que enfrentarse rápidamente a este juego político. De sus 60 escaños en el Senado, el partido Fuerza Popular de Fujimori tendrá la bancada más grande, con 22 senadores, por lo que la situación se corresponde con la Cámara de Diputados, en la que controla 41 de los 130 escaños.
De esta manera, continúa la necesidad de forjar una coalición parlamentaria y de mantener a los diputados y senadores leales al presidente de turno, lo que invita a la corrupción y al clientelismo. Lamentablemente, esta situación se ha ido expandiendo hasta el control de los tribunales superiores, lo que ha ido mermando la división de poderes en el país.
Pero las diferencias no terminan ahí. La votación también refleja una persistente grieta territorial entre la costa urbana y la capital, que votó por Fujimori, y el sur andino, la sierra y la Amazonía, que respaldaron a su contrincante, Sánchez. Lo que se ha considerado un "voto contestatario" en el sur andino ya se reflejó en la votación de 2011 a favor de Pedro Castillo y se mantiene ahora a favor de Roberto Sánchez, aunque él personalmente no es originario de la zona andina.
La brecha no es solo electoral, sino que también se refleja en una polarización económica y social que deja una sensación de exclusión en el área andina. Cualquier presidente del país deberá asumir estas diferencias como prioridad en su gestión para evitar profundizar en la fragmentación del país, postergada durante tanto tiempo en las políticas públicas.
A pesar del discurso de la descentralización tantas veces repetido, Perú necesita reformas estructurales en la infraestructura física y humana que privilegien a los sectores marginados social y territorialmente. Sin embargo, la situación política del país indica más bien que los ganadores tratarán de ampliar las ventajas para las regiones de su electorado cautivo, lo que irá en detrimento de la integración del país.
Esta situación también refleja la herencia del difunto expresidente Alberto Fujimori, que durante su controvertida gestión (1990-2000) generó mucho apoyo en la costa y el norte del país, apoyo que todavía puede cosechar su hija en la actualidad. Así, los patrones del pasado siguen imponiéndose en lo económico, lo social y lo político, sin que se vislumbren nuevas perspectivas para superarlos.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 85,1 % de la población urbana teme ser víctima de algún hecho delictivo en los próximos doce meses, lo que supone un incremento del 2,4 % en la percepción de inseguridad con respecto al año anterior. Por ello, la propia candidata, Keiko Fujimori, ha adoptado la política de mano dura como lema de su campaña, apelando así de nuevo a la herencia de su padre para reforzar su posición contra el crimen y la delincuencia, especialmente en Lima.
Sin embargo, más allá de las medidas de control del crimen, existe una pérdida de confianza en las instituciones centrales del país, que son las encargadas de velar por la seguridad ciudadana. Según una encuesta del año pasado, el 70 % desconfía del trabajo de la policía en su lucha contra la delincuencia. Por su parte, el Congreso tampoco genera mucha confianza, ya que un 92 % de la gente desconfía de él, seguido del Ministerio del Interior, con un 83 %, y la Fiscalía, con un 78 %.
Ante este panorama, las manifestaciones en la calle contra la inseguridad se han multiplicado, especialmente cuando en estos mismos actos se han documentado desmanes por parte de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos. Por lo tanto, en el sector de la seguridad será necesaria una profunda reingeniería de las instituciones, si las instancias del Estado quieren recuperar la confianza perdida durante los últimos Gobiernos.
Una situación económica positiva y una gran riqueza de biodiversidad y cultura caracterizan tanto a Perú como la minería ilegal, la deforestación y el avance del crimen organizado, problemas que se agudizan por la desigual distribución de los ingresos generados por la exportación de recursos naturales.
En ciertas regiones, como la Amazonía, el Estado está ausente y los recursos vitales, como el agua, se están malgastando. Además, lo que falta es la voluntad de forjar consensos; la clase política "vive bien" con la polarización entre las fuerzas políticas del país.
Sin embargo, la división y el desinterés por construir un proyecto común dañan el futuro del país y aniquilan las oportunidades de los ciudadanos. Solventar esta situación y "crear futuro", para evitar la deriva del país, será una tarea central para los futuros gobernantes.
(rml)