CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Permanente exhortó a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a sus congresos locales a fortalecerlas acciones para prevenir, supervisar, vigilar y aplicar la normatividad en materia de tránsito, encaminadas a inhibir las infracciones de los conductores de motocicletas, así como frenar la comisión de delitos que se cometen en ese medio de transporte.
Se destaca que se debe regular su circulación en todo el país para frenar de manera especial las conductas que representen un riesgo para la vida, la integridad física y la seguridad de terceros.
El dictamen, que fue aprobado por las y los legisladores en votación económica, plantea que una proporción significativa de las motocicletas en circulación no se encuentra debidamente matriculadas ni cuenta con placas, tarjeta de circulación o estar al corriente del pago de sus obligaciones vehiculares.
Tales condiciones dificultan la recaudación de contribuciones, la imposición de sanciones y la trazabilidad de dichas unidades, incluso se relaciona con el uso de permisos presuntamente apócrifos y con problemas de seguridad pública.
El documento expone que un número relevante de conductores de motocicleta incurre en conductas de alto riesgo, como el rebase entre carriles o "filtrado", que incrementa las colisiones.
También destaca que los accidentes de motocicleta se han incrementado de manera considerable con un elevado número de lesionados y fallecidos, conforme a las cifras que citan fuentes especializadas.
Además, el dictamen precisa que las fotomultas, entendidas como infracciones detectadas mediante sistemas automatizados, podrían aplicarse también a las personas conductoras de motocicletas para inhibir la comisión de infracciones, y que los artículos 48 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establecen las obligaciones de circulación y prohíben las conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas.
En ese sentido, las y los legisladores destacaron que el exhorto contribuye a reducir los siniestros viales y a proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas usuarias de las vías de tránsito, todo ello en beneficio de la población en general.