Una comisión del Senado brasileño aprobó el miércoles un proyecto de ley para otorgar autonomía financiera al Banco Central, reforzando así su independencia en una medida a la que se opone el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La enmienda constitucional amplía la distancia del banco respecto al poder ejecutivo al otorgarle pleno control sobre su presupuesto para salarios e inversiones, financiado con los ingresos generados por sus propios activos financieros. La propuesta pasa a votación en el pleno del Senado, donde debe ser aprobada en dos votaciones antes de someterse al mismo proceso en la Cámara Baja.
La votación marca una victoria para el gobernador del Banco Central Gabriel Galipolo después de un intenso esfuerzo de cabildeo para el proyecto de ley de 2023, defendido durante mucho tiempo por su predecesor Roberto Campos Neto, a pesar de la resistencia de la administración de Lula, que se opuso a la medida hasta el final.
El Gobierno de Lula considera que la propuesta de autonomía financiera supone una nueva pérdida de influencia sobre el Banco Central que, según el proyecto de ley, dejaría de formar parte del presupuesto federal.
El banco ya había obtenido autonomía operativa en 2021, cuando una primera enmienda constitucional desvinculó el mandato del gobernador del mandato presidencial.
Con el respaldo del consejo del Banco Central, el personal directivo y parte de su plantilla, Galipolo argumentó que la propuesta era clave para fortalecer las finanzas de la institución ante los retos emergentes.
Eso incluyó pérdidas de personal, la expansión de responsabilidades de supervisión y la necesidad de invertir continuamente en tecnología para apoyar las operaciones y avanzar en el sistema de pago instantáneo Pix, el más utilizado en Brasil. La propuesta consagra a Pix en la Constitución como una función exclusiva del Banco Central para la regulación y el funcionamiento, prohibiendo la privatización.