La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú se encamina hacia un desenlace de máxima incertidumbre, con la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez separados por una diferencia mínima que mantiene en vilo al país y obliga a esperar el resultado definitivo del escrutinio.
Con el 98,258% de las actas contabilizadas, Fujimori mantiene una ventaja muy estrecha sobre su rival de Juntos por el Perú, con apenas 1.303 votos de diferencia, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Mientras los votos urbanos favorecieron inicialmente a Fujimori, el avance del escrutinio de las zonas rurales permitió a Sánchez recortar distancias e incluso situarse por delante en algunos momentos. Sin embargo, el peso de los sufragios emitidos en el extranjero ha vuelto a inclinar la balanza a favor de la candidata conservadora.
El ajustado resultado también ha derivado en una batalla legal sobre miles de votos. Mientras el escrutinio entra en su fase final, el Jurado Nacional de Elecciones debe revisar alrededor de 1.600 mesas que afectan a unos 400.000 sufragios. Ambos partidos han presentado recursos por presuntas irregularidades. Juntos por el Perú ha solicitado la anulación de 647 mesas de votación en Estados Unidos y ha presentado recursos sobre unas 1.750 mesas en territorio peruano, al considerar que existen patrones de votación anómalos.
Por su parte, Fuerza Popular ha pedido anular más de 7.000 votos rurales en la región de Puno. Las reclamaciones de ambos bandos podrían retrasar durante semanas la proclamación oficial del ganador.
La diáspora peruana se ha convertido en uno de los factores clave de esta elección. Fujimori ha obtenido un respaldo significativamente mayor entre los votantes residentes fuera del país, mientras que Sánchez mantiene una ventaja más amplia dentro del territorio peruano. Esa división refleja la profunda polarización política y territorial que atraviesa Perú.
La elección enfrenta dos proyectos políticos opuestos. Fujimori, candidata de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, ha centrado su campaña en la seguridad y la estabilidad económica. Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y respaldado por amplios sectores rurales y populares, ha defendido reformas institucionales y cambios en el modelo político y económico del país.
El resultado será determinante para un país que ha atravesado una década marcada por la inestabilidad política y la sucesión de gobiernos. Quien resulte vencedor asumirá la presidencia en un contexto de fuerte fragmentación y con el desafío de reducir la polarización que ha vuelto a quedar patente en las urnas.