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La oposición de izquierdas en Chile anunció el miércoles que solicitará un juicio político contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por reducir las condenas de 56 pedófilos, una medida calificada como un error incluso por el propio presidente ultraderechista José Antonio Kast.
La semana pasada, medios locales informaron que el gobierno redujo la pena de esos condenados por abuso sexual y violación, además de dos convictos por vulneraciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Es absolutamente aberrante, injustificable el haberle rebajado las condenas a pedófilos", criticó la diputada opositora Gael Yeomans tras una sesión en el Congreso para pedirle explicaciones al ministro sobre los decretos.
"Por esa razón hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional", que será ingresada al Parlamento en los próximos días, anunció la parlamentaria izquierdista.
Rabat arriesga ser destituido e inhabilitado para trabajar en cargos públicos por cinco años.
Para que eso ocurra, la acusación tiene que conseguir 78 de 155 apoyos en la Cámara de Diputados y 26 de 50 en el Senado.
Rabat afirmó en primera instancia que la ley lo obligaba a aceptar las reducciones de condenas, que en Chile se entregan por buena de conducta luego de que hayan cumplido la mitad de sus penas.
A raíz de la controversia, el ministerio de Justicia suspendió la tramitación de nuevos decretos de rebaja de penas y anunció un proyecto destinado a impedir que condenados por delitos sexuales a menores sigan accediendo a esos beneficios.
"No cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio al no escuchar a las víctimas", dijo el ministro durante la sesión.
El propio Kast criticó la decisión el lunes: "No hay explicación técnica ni criterio ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel, ninguna (...) el Estado les falló".
Pese a la autocrítica y los cuestionamientos de su propio sector, Kast respaldó a Rabat en su puesto.
Rabat ha estado en el centro de la polémica desde que el gobierno asumió en marzo. El abogado defendió a Pinochet en 2004, en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivado tras la muerte del general.