Por Eddie Cóndor Chuquiruna
Hay un romanticismo muy extendido sobre el Perú; prestigiosos foros y titulares internacionales celebran su 'estabilidad económica' como si fuera un trofeo inmutable, mientras que la condición esencial de todo país -su democracia- se esfuma entre eslóganes y balances macro. Esa fascinación superficial privilegia indicadores financieros y calificaciones de riesgo, pero olvida que economía, institucionalidad y derechos son compatibles y, sobre todo, interdependientes. Una economía sana sin instituciones autónomas y sin respeto a los derechos fundamentales es, en el fondo, una apariencia; el cascarón de la prosperidad.
Gran parte del debate reciente prioriza la continuidad macroeconómica como si fuera el bien supremo. Eso soslaya que la calidad democrática impacta directamente en la economía; seguridad jurídica para la inversión, controles anticorrupción efectivos, capacidad administrativa estatal y protección de derechos sociales generan certidumbre real. Ignorarlos es construir estabilidad sobre arenas movedizas.
El conteo de presidentes -'ocho en 10 años'- se celebra como curiosidad, pero oculta causas, estrategias y responsabilidades concretas de quienes buscan imponer fórmulas de poder. La sucesión de crisis responde a liderazgos dispuestos a gobernar 'a cualquier precio' y a un Congreso que actúa, como se está imponiendo como regla, como instrumento político de remoción masiva, no como contrapeso republicano.
Tampoco se mira el papel de los grupos económicos y su relación con medios influyentes. Existe una alianza que promueve políticas económicas a la medida de intereses concentrados, financia proyectos políticos y legitima hegemonías. El resultado es control económico, influencia mediática y decisiones públicas que refuerzan privilegios.
Eso trae consecuencias graves. Declinación institucional, riesgos de una 'dictadura civil' desde un Congreso potenciado, corrupción e impunidad crecientes, y normalización de prácticas represivas que terminan en asesinatos presentados como operaciones de seguridad. No es estabilidad; es violencia con apariencia de orden.
La narrativa externa suele simplificar con atajos ideológicos -'no queremos otra Venezuela' o 'no al comunismo'- y otorga confianza automática a proyectos aunque socaven el Estado de derecho. Ese doble estándar legitima abusos y criminaliza demandas sociales legítimas. La democracia no se protege con etiquetas, sino con instituciones fuertes, transparencia y rendición de cuentas.
Propongo una mirada menos colonial y más atenta al contexto; no admirar solo la apariencia económica, sino defender la autonomía institucional, la protección de derechos y denunciar la instrumentalización del Estado para intereses particulares. Opinar desde la distancia sin ese contexto contribuye a la erosión democrática.
Defender la democracia es un deber ciudadano. No se trata de despreciar la economía, sino de entender que prospera solo en un marco institucional sólido. Antes de enamorarnos de un número o un titular, preguntemos por las causas, las responsabilidades y el costo humano y constitucional que se paga. Solo así la estabilidad será real y legítima; con instituciones autónomas, derechos garantizados y un Estado que sirva a la mayoría.