Las autoridades de Venezuela anunciaron este viernes que serán puestas en libertad más de 130 personas detenidas por motivos políticos, en el marco de su ley de amnistía, aprobada en febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática informó que se han otorgado "medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano".
"Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República", dijo en un comunicado difundido en redes sociales.
La ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos en Venezuela, anunció poco antes que las autoridades del país han excarcelado a 17 personas, incluida la "presa política Emirlendris Benítez", quien permanecía en prisión desde 2018.
Amnistía Internacional denunció en 2023 que en su caso bastó con compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas en actos de violencia para ser detenida y torturada. Benítez perdió el hijo que esperaba y necesita silla de ruedas para moverse, apuntó la ONG en un informe en el que documentaba detenciones arbitrarias en Venezuela.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) manifestó su "inmensa alegría" por la liberación de Benítez, "detenida injustamente", en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde trasladó su "más profunda solidaridad con toda su familia".
La ONG denunció que en estos ocho años en prisión, la joven "sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud", por lo que exigió una "reparación integral para todas las víctimas" y en particular para las mujeres, quienes ha sido sometidas a "tratos crueles, inhumanos y degradantes".
"La lucha no termina aquí. Recordamos que aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad", agregó.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país así como el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.