El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció este jueves que el Gobierno permitirá la creación de cadenas de restaurantes, cafeterías, hamburgueserías y otros servicios operados por empresas privadas o por inversión extranjera, como parte de un amplio paquete de reformas económicas en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla y la creciente presión de Estados Unidos.
“Una mipyme, alguien, una inversión extranjera que quiera hacer una red de restaurantes, de cafetería, hamburguesería, cualquier servicio, se le va a permitir, en aras de ampliar los servicios a la población”, dijo Marrero al presentar un paquete de reformas económicas que aprobó un día antes el pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El primer ministro también anunció que planean invitar a franquicias extranjeras de comida rápida para que inviertan en Cuba.
“Invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros que existen muchas en el mundo, a que puedan invertir en Cuba y también expandir sus cadenas en el territorio nacional”, señaló.
Las medidas forman parte de un paquete más amplio de reformas que, de ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular que comenzó a debatirlas este jueves, supondrían uno de los mayores cambios en el modelo económico cubano desde la revolución de 1959 y un giro hacia una mayor apertura al mercado.
Sin embargo, según Marrero, las reformas buscan modernizar la economía sin cambiar el sistema socialista del país. Entre ellas figuran una mayor participación del sector privado, el impulso a la inversión extranjera, cambios en la agricultura, el comercio exterior y el mercado inmobiliario, además de más autonomía para empresas estatales y municipios.
“Estas propuestas, si bien conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos, no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”, escribió el PCC en un mensaje en sus redes sociales.
Durante la clausura del pleno extraordinario del Comité Central del PCC, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el paquete de reformas como necesarias para enfrentar la crisis económica.
“Necesitamos desatar las fuerzas productivas, que haya más producción en vez de más restricción, porque está probado que el control sin oferta solo desplaza operaciones al mercado informal”, dijo.
Las reformas llegan en medio de las crecientes presiones que el Gobierno de Donald Trump ejerce contra Cuba desde principios de año y que son adicionales al embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde la década de 1960.
Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump prometiera imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente.
La escasez de combustible ha aumentado los apagones, que son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. La falta de petróleo también ha afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, lo que ha generado descontento entre la población.
Además, Estados Unidos anunció a principios de junio sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su círculo cercano, así como contra familiares del expresidente Raúl Castro. Estas se suman a las sanciones impuestas en mayo contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio cubano de empresas con mando militar, y días después presentó una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.
Con información de Mauricio Torres, de CNN, y la agencia EFE y Reuters
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