La Fiscalía colombiana abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe por hechos vinculados con la creación de un grupo paramilitar, las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de un activista de los derechos humanos.
Estas matanzas ocurrieron a fines de los años 90 en el municipio de Ituango, en el departamento colombiano de Antioquia, del que Uribe era gobernador en la época.
La imputación del expresidente se produce tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que disputarán el conservador Abelardo de la Espriella y el senador de izquierdas Iván Cepeda.
El propio Uribe, quien presidió Colombia en dos mandatos consecutivos de 2002 a 2010, informó en sus redes sociales la investigación: "De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle (sic) y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones".
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y defensor de los derechos humanos que denunció la complicidad de fuerzas militares y grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por paramilitares.
En un comunicado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que los delitos en los que el expresidente presuntamente estaría involucrado "son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida".
Según el documento, Uribe habría, presuntamente, facilitado y promovido "el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley, que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".
La extensa hacienda Las Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, fue propiedad de la familia del expresidente desde 1978 y, según la Fiscalía, se habría utilizado como base para grupos paramilitares.
El hermano del expresidente, Santiago Uribe, fue condenado a 28 años de prisión a principios de este mes por "concierto para delinquir agravado y homicidio agravado", al probarse que fue jefe del grupo paramilitar conocido como "Los 12 apóstoles".
En la investigación abierta contra el exmandatario, la Fiscalía menciona "la posible participación del exgobernador en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado".
El 11 de junio de 1996, miembros de la estructura paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá torturaron y asesinaron a cinco personas delante de sus vecinos y familiares en el corregimiento de La Granja, a las que acusaron de ayudar a la guerrilla.
Un año después, el 22 de octubre de 1996, este mismo grupo paramilitar llegó al corregimiento de El Aro, donde asesinó a 17 personas.
La milicia estuvo 7 días en el municipio torturando a sus víctimas, quemaron muchas viviendas y forzaron el desplazamiento de más de 700 personas.
Los grupos paramilitares que actuaron en la zona en aquellos años estaban formados en su mayoría por ganaderos, empresarios y policías, y actuaron en connivencia con las fuerzas armadas para frenar la expansión de las guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía también quiere investigar al expresidente por su "presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998", para lo que será "citado próximamente a rendir indagatoria".
En 2025, Uribe fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por fraude y soborno en un largo juicio relacionado con una supuesta manipulación de testigos.
Uribe fue absuelto en segunda instancia, aunque ahora el caso está siendo revisado por el máximo tribunal del país.
El expresidente fue acusado en ese juicio de haber ordenado a un abogado que sobornara a paramilitares encarcelados para desacreditar las denuncias de que tenía vínculos con estos grupos.
Uribe siempre ha defendido su inocencia, asegurando que es víctima de una persecución política.
La Comisión de la Verdad de Colombia, que emanó de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, concluyó que los paramilitares fueron responsables de al menos la mitad de las más de 450.000 víctimas mortales que se cobró el conflicto colombiano entre 1985 y 2018.
Análisis de José Carlos Cueto, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
Uribe tiene 73 años y la Justicia en Colombia es tremendamente garantista.
En el ámbito jurídico esto implica que un sistema judicial prioriza proteger los derechos y libertades de inocentes y acusados, respetando el debido proceso.
En Colombia eso deriva en juicios que parecen interminables.
El propio expresidente lleva 13 años batallando un caso por soborno de testigos que le ha llevado a arrestos domiciliarios, condenas en primera instancia y absoluciones posteriores. El proceso ahora está en manos de la Corte Suprema.
Por su edad y las garantías del sistema, muchos en Colombia piensan que Uribe jamás pisaría la cárcel, incluso siendo condenado irrevocablemente.
Pero una nueva indagatoria, una vez más por presuntas conexiones con paramilitares, oscurece más si cabe esa sombra que ha perseguido durante décadas a Uribe.
Haya o no condena o conocimiento de la verdad, ese lastre ya acompañará al expresidente el resto de su vida.
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