En medio de las tensiones que Cuba mantiene con Estados Unidos y que se han intensificado a lo largo del año, la Asamblea Nacional de la isla aprobó este jueves un amplio conjunto de reformas que busca impulsar la economía del país, golpeada por un bloqueo petrolero y sanciones promovidas por Washington.
A propuesta del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, la Asamblea Nacional avaló en total 176 medidas reunidas en 23 ejes, principalmente relacionados con temas económicos, sociales y de organización del aparato del Estado.
Díaz-Canel dice que el propósito de estas reformas es dotar a Cuba de herramientas para encarar uno de sus momentos más difíciles, cuando no solo enfrenta el embargo económico que Estados Unidos impuso desde la década de 1960 sino presiones crecientes que incluyen restricciones a su suministro de combustibles, sanciones a sectores clave en la isla y una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro.
“Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que urge aplicar para remontar la crisis impuesta por la agresividad externa y las insuficiencias internas, sin más permiso que el de su pueblo”, dijo el mandatario este jueves, al cierre de la sesión parlamentaria.
“A este pueblo no lo vamos a convocar solamente a resistir; lo convocamos a crear, a producir, a decidir, a transformar, a fiscalizar, a prosperar. ¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre! La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar”, insistió.
Consultado sobre el tema, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a CNN este viernes que las reformas aprobadas “son modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales señales de humo del régimen cubano”.
“Esto forma parte del manual de la dictadura: anunciar un ciclo de supuestas reformas para insinuar un deseo de cambio, y luego revertir rápidamente cualquier cambio en cuanto el control total del régimen se vea mínimamente amenazado”, dijo el vocero en un correo electrónico.
“El presidente (Donald) Trump continúa aplicando presión para impulsar reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que harían que Cuba fuera un lugar apto para la inversión, permitirían que los negocios privados crezcan de maneras que ayuden a la isla cubana a desarrollarse y recuperarse, y darían al pueblo cubano la libertad, dignidad y oportunidad que merece”, concluyó.
El paquete de reformas fue presentado a la Asamblea Nacional por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. La lista se encuentra detallada en una publicación del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único en la isla.
Las medidas que aprobó el Parlamento buscan abrir la economía de Cuba, que actualmente permanece bajo control estatal. Para ello, se plantean acciones como facilitar la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, permitir que ciudadanos cubanos sean titulares o tengan acciones en más de una de ellas y reducir la lista de actividades prohibidas para el sector privado.
También se contempla dar paso a la participación de capitales privados nacionales o extranjeros en la importación y comercialización de combustibles. Durante su discurso en la Asamblea Nacional, Díaz-Canel dijo que el objetivo de esto “no es retirar al Estado de un sector estratégico, sino sumar capacidades, ordenar la distribución y mejorar el acceso” de la ciudadanía a los energéticos.
De forma similar, las reformas plantean un nuevo mercado cambiario y de remesas que esté abierto a que participen particulares. Esto incluye dar licencias para la operación de casas de cambio privadas.
En materia de inversión, se prevé permitir que personas jurídicas nacionales y extranjeras puedan adquirir acciones y propiedades de empresas estatales cubanas, permitir el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas de Cuba, invitar a franquicias de alimentos ligeros a invertir en la isla y licitar espacios como parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento.
Hacia afuera, las reformas contemplan promover franquicias de marcas cubanas como un mecanismo para que el país genere ingresos.
En cuanto a la organización del Estado, destaca una reforma para permitir que los gobiernos provinciales y los consejos municipales tengan facultades para crear, fusionar, extinguir o liquidar empresas estatales locales.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional llegan en un momento en el que Cuba enfrenta tanto las presiones de Estados Unidos como una crisis económica y social.
En enero, tras la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un operativo militar estadounidense, Cuba se quedó sin el que era su principal proveedor de petróleo. Poco después perdió a otros más, luego de que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que suministraran hidrocarburos a la isla de forma directa o indirecta.
Washington justificó la decisión con el argumento de que Cuba es una amenaza para su seguridad nacional porque permite que grupos terroristas operen en su territorio, algo que niegan desde La Habana.
La suspensión de envíos de combustible a Cuba derivó en escasez y afectaciones a servicios públicos como transporte, educación y salud, que apenas se vieron aminoradas a finales de marzo con la llegada de 100.000 toneladas de crudo procedentes de Rusia.
Dentro de Cuba, diversos testimonios dan cuenta de la falta de insumos básicos y de cómo los apagones —que ya eran usuales— se han agravado en algunas zonas. Fuera, cubanos en el exilio dicen que buscan aumentar sus envíos de ayuda a sus familiares y que están preocupados por ellos.
En este contexto, algunos especialistas dudan que las nuevas reformas vayan a tener un impacto significativo favorable para la isla. De acuerdo con el analista político José Azel, esto se debe a factores como que las medidas aprobadas no dan suficiente certeza jurídica a eventuales inversionistas.
“Cuba necesita inversiones extranjeras, capital, y ese capital francamente no va a existir si no existen garantías mucho más fuertes que las que está ofreciendo el Gobierno cubano”, dijo Azel a CNN este viernes.
Además, expuso, otro factor está en que las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra diversos liderazgos e instituciones de Cuba desincentivan las inversiones en la isla. Cuando una persona o entidad es sancionada por Estados Unidos, sus bienes e intereses en ese país quedan bloqueados y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con ellos.
Durante los últimos meses, Estados Unidos ha sancionado a figuras e instancias de Cuba como el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un conglomerado de empresas con mando militar, con el argumento de que presuntamente se adueñan de recursos públicos para enriquecer a la élite cubana. Por su parte, Cuba rechaza estos señalamientos, que considera parte de una estrategia para asfixiar a la nación.
“Esto es un punto muy importante a resaltar. Cuando las personas hablan de invertir en Cuba, se tiene que señalar que es invertir con el Gobierno cubano, es decir, con empresas como GAESA y demás, no es una inversión libre, con agentes libres”, dijo Azel.
Desde Estados Unidos, tanto el presidente Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido a lo largo del año en que debe haber cambios en Cuba. Trump incluso dice que podría buscar tomar el control de la isla, mientras Rubio afirma que la ciudadanía de Cuba ya no quiere vivir bajo un Gobierno comunista.
En Cuba, en tanto, el Gobierno insiste en que es blanco de una ofensiva por parte de Estados Unidos y se alista para poner en marcha sus nuevas reformas con la esperanza de que den oxígeno a su economía, mientras muchos habitantes no ven un final al deterioro de la situación en su país.
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