El 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, el Perú alberga 1.7 millones de venezolanos, la segunda mayor comunidad venezolana de América Latina después de Colombia. La mayoría llegó huyendo del colapso político y económico de Venezuela y encontró un país que los recibió con ambivalencia: con apertura institucional en los primeros años y con rechazo social creciente conforme la crisis se prolongó. El 75.3% de esa comunidad tiene intención de permanecer en el país de forma permanente, según el INEI. Esa cifra significa que esta migración dejó de ser un fenómeno de tránsito y se convirtió en un hecho estructural de la sociedad peruana.
La xenofobia que acompaña esa presencia tiene consecuencias documentadas en los espacios más cotidianos. En los colegios, el 8.3% de los estudiantes venezolanos son víctimas de discriminación. Investigaciones recientes registran niños que expresan vergüenza de su nacionalidad, consecuencia directa de un entorno que los excluye desde la infancia. La política migratoria peruana opera con una lógica de control más que de integración, dejando a esa comunidad en una vulnerabilidad estructural que el discurso xenófobo termina aprovechando.
El Banco Mundial señala que el impacto de la migración venezolana en el Perú depende de las políticas públicas adoptadas y que una gestión activa puede convertir la movilidad humana en oportunidad. Los migrantes venezolanos aportan al mercado laboral, pagan impuestos, matriculan a sus hijos en escuelas peruanas y forman parte de comunidades en todo el territorio. El 75.3% que planea quedarse es una población que el Perú puede integrar productivamente con decisiones de política pública que otros países de la región ya están tomando.
La Política Nacional Migratoria 2017-2025 vence este año y el nuevo gobierno enfrenta la decisión de renovarla. Hacerlo con un enfoque de integración real implica regularización accesible, acceso a salud y educación, incorporación al mercado laboral formal y campañas activas contra la xenofobia. El Perú tiene 1.7 millones de razones para hacerlo bien. La pregunta que el nuevo gobierno debe responder antes de que termine el año es si tiene la voluntad de ver esas razones como lo que son, personas que construyen su vida aquí y merecen hacerlo con dignidad.