El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de excepción y ordenó movilizar a policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales que piden su renuncia.
El dirigente centroderechista había logrado un acuerdo el viernes con la central sindical COB para pacificar el país, pero indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros del expresidente Evo Morales (2006-2019) decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Obreros, campesinos e indígenas comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno solución a la crisis económica, la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad que generó malestar general.
Tras la falta de acuerdos, todos esos sectores proclamaron el tema de la renuncia presidencial y la interrupción de caminos se extendió a todo el país. También varios días se registraron choques con la policía en La Paz que, junto a su vecina El Alto, sufre una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.
"Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional", afirmó el jefe de Estado, durante un mensaje difundido por el canal estatal desde Palacio de Gobierno.
Además, aseguró que toma la medida ante "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo".
El gobierno de centroderecha de Paz, que asumió en noviembre tras 20 años de poder de izquierdas, acusa al exgobernante Morales de empujar las manifestaciones y de usar dinero proveniente del tráfico de drogas, aunque no han dado pruebas.
Morales se encuentra oculto en la región de Chapare cocalero, en el centro del país, para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega. También ha rechazado las denuncias de vínculos con el narcotráfico.
- Militares y policías en acción -
Paz, en su mensaje, declaró haber "instruido a la Policía Boliviana, a las Fuerzas Armadas, ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población".
El decreto, difundido horas después por la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días.
Los ministerios de Gobierno y Defensa emitirán resoluciones conjuntas para restringir los derechos a la circulación, locomoción y reunión, cuando sea necesario hacerlo.
El decreto, de acuerdo a ley, deberá ser ratificado por el Congreso que convocará a reuniones en las próximas horas.
El decreto de excepción llega tras un acuerdo el viernes del gobierno con la COB.
Mario Argollo, máximo líder de la organización, declaró que "desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional".
Hay "compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito" agregó.
Paz saludó el acuerdo, al afirmar que "el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar".
- Bloqueos de indígenas y cocaleros -
El gobierno de Paz abrió la semana pasada un diálogo con Argollo. Mesas de trabajo funcionaron entre los sindicalistas y ministros para alcanzar el acuerdo del viernes.
Los acuerdos prevén estudiar la liberación de los detenidos, tanto en marchas en La Paz, como en los bloqueos de rutas.
La Defensoría del Pueblo ha establecido que hay más de un centenar de arrestados.
La administración de Paz también se comprometió a no privatizar empresas del Estado, como reclaman los sindicatos.
Pero tras conocerse el acuerdo, sindicatos de campesinos y cocaleros se pronunciaron para expresar su rechazo y anunciar que los bloqueos, un medio centenar en todo el país, iban a seguir.
"Se ha determinado radicalizar las piquetes (grupos) de huelgas de carreteras", afirmó el dirigente campesino Antonio Mallku, entrevistado por el canal Unitel.
Los cocaleros, en un comunicado difundido por una radio de su propiedad, determinaron "mantener la movilización y los bloqueos de caminos" y calificaron como "una traición la firma del convenio".
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