La Fiscalía de Brasil se pronunció este jueves en contra de la suspensión de una ley que reduce las penas de los condenados por intentar un golpe de Estado, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.
La corte suprema suspendió cautelarmente la norma en mayo, al día siguiente de su entrada en vigor, tras una petición de partidos de izquierda que cuestionan su constitucionalidad.
El fiscal general Paulo Gonet emitió un dictamen solicitado por la corte en el que concluye que no hay argumentos suficientes para mantenerla suspendida, mientras la corte analiza el caso en el pleno.
Gonet argumentó que el Congreso actuó dentro de sus competencias al aprobar la norma y que esta no equivale a una amnistía, ya que no anula las condenas ni borra los delitos.
La ley modifica las condiciones de progresión de régimen carcelario y reduce las penas para crímenes contra el Estado democrático de derecho.
Bolsonaro fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022. Cumple su condena en arresto domiciliario por razones de salud.
El expresidente se beneficiaría de la norma y también quienes participaron en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una turba de sus simpatizantes asaltó los edificios del gobierno en Brasilia.
El texto fue aprobado en diciembre por el Congreso de mayoría conservadora, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo vetó en enero.
A finales de abril, los legisladores anularon ese veto y la ley entró en vigor el 10 de mayo.
Tras el dictamen del fiscal, el relator del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, deberá enviar la causa al pleno de la corte para decidir sobre su constitucionalidad.
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