Militares de Bolivia comenzaron el sábado, junto a la policía, a levantar las barricadas de los manifestantes antigubernamentales que paralizan el país desde hace más de seis semanas, en virtud del estado de excepción decretado por el presidente, el conservador Rodrigo Paz.
Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca llevan a cabo manifestaciones y bloqueos de vías.
Las principales ciudades del país, principalmente La Paz y su vecina El Alto, han sufrido una grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos, y la economía ha perdido miles de millones de dólares debido a estas protestas que el primer presidente no socialista en dos décadas calificó el sábado de "intento de golpe de Estado" del "narcoterrorismo".
Paz advirtió en la fecha a los manifestantes que se enfrentarían con "todo el peso de la ley", en un intento de poner fin a los disturbios generalizados y a la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.
El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestar y permite a Paz desplegar al ejército.
A primera hora del sábado, periodistas de la AFP en la ciudad de El Alto vieron cómo la policía antimotines y las excavadoras intervenían para despejar una barricada de piedras, troncos y escombros.
Dos tanquetas militares se sumaron al convoy policial para avanzar en una ruta que conecta con el sur del país y el norte chileno e ir limpiando escombros, piedras y troncos dejados por los manifestantes.
Algunos residentes aplaudieron a los escuadrones de agentes armados que llegaron a bordo de camionetas.
Carla Butrón, comerciante de 39 años, observaba contenta el despliegue de los uniformados.
"Mucha felicidad, mucha felicidad, mucha paz como alteña, porque todos estos casi cincuenta días que han pasado, ha sido todo coartado aquí en el Alto, tanto el trabajo, la libre circulación", dijo a la AFP.
En La Paz, un puñado de policías militares y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras que unidades de la policía se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.
"Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", declaró Paz más tarde en una publicación en las redes sociales.
"Este estado de emergencia no pretende quitar la normalidad, sino devolverla", señaló.
Los manifestantes reclaman que Paz deje de lado las reformas económicas liberales y dimita.
El mandatario, de 58 años, llegó a un acuerdo el viernes en la noche con uno de los principales sindicatos del país, la Central de Trabajadores de Bolivia, para poner fin a la crisis con la promesa de no privatizar las empresas estatales y mantener nuevas conversaciones.
Sin embargo, algunos grupos indígenas mantienen las protestas con más de 30 bloqueos en las principales carreteras del país. El Poder Ejecutivo espera que exista un descenso gradual de cortes de rutas.
"Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne", declaró recientemente a la AFP Lidia Callisaya, una líder aimara de 42 años.
Paz acusa a los "narcoterroristas" de estar detrás de las protestas e incluye entre ellos al expresidente Evo Morales (2006-2019).
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que "con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley" y abrió la posibilidad que el estado de excepción permita desplazar a policías y militares a su feudo político en la región del Chapare (centro) para su captura.
Morales, líder indígena y antiguo cultivador de coca, vive desde hace dos años en la clandestinidad, acusado de presunto trata de menores, cargo que él niega.
En el Chapare cuenta con la protección de miles de simpatizantes indígenas que, hasta el momento, han impedido que la policía lo detenga.
Morales declaró recientemente a la AFP que los bolivianos se estaban rebelando contra un gobierno conservador que es "totalmente sumiso" a Estados Unidos.