La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el pasado miércoles 17 de junio revisar y estudiar un amparo tramitado por Silvia García Castañeda, tanatóloga diagnosticada con cáncer de mama, contra la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido en México.
Con ocho votos a favor y una en contra –de la ministra María Estela Ríos González–, el pleno resolvió reasumir su competencia para analizar el amparo en revisión 147/2026.
La impugnación de la legislación vigente se basa en la experiencia de la especialista, quien actualmente recibe tratamiento médico, pero que plantea considerar el sufrimiento de los pacientes terminales y cómo padecen el desarrollo de sus enfermedades.
Por ello, Silvia García Castañeda busca que se declare inconstitucional la prohibición de la eutanasia prevista en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México, al sostener que debe respetarse su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su vida.
Sin embargo, mientras la SCJN no emita una sentencia, continúa vigente la legislación que prohíbe estas prácticas, por lo que el máximo tribunal deberá determinar si es constitucional que se prohíba de manera absoluta la eutanasia y el suicidio asistido o determinar que la prohibición viola derechos fundamentales. En caso de avalar lo segundo, el poder legislativo deberá modificar las leyes.
La eutanasia en México
En México, la eutanasia está prohibida por la Ley General de Salud, la cual establece que se sanciona penalmente, prohibiéndose desde el suicidio asistido hasta el homicidio por piedad pero también han dado como resultado la regulación de la voluntad anticipada, que es la figura mediante la cual se regula la ortotanasia.
No obstante, en marzo pasado el tema comenzó ha generar inquietud entre los legisladores mexicanos, debido a la iniciativa ciudadana denominada “Ley Trasciende”, redactada por la Samara Alejandra Martínez Montaño y respaldada por senadoras y senadores de diferentes grupos políticos.
Esta propone incorporar el Título Octavo Ter “Eutanasia” a la Ley General de Salud, justo después del Título Octavo Bis “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”, con el fin de regular el derecho a la eutanasia en México y derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud en lo relativo a la prohibición de la eutanasia.
Esta propuesta se inspira en la lucha de miles de personas que, a través de su valentía y testimonio público, ha visibilizado la realidad de quienes enfrentan condiciones de salud que limitan su calidad de vida de manera irreversible.
¿Qué es la muerte asistida?
De acuerdo con el National Institutes of Health's National Library of Medicine, la muerte asistida es un término general que engloba tanto la muerte asistida por un médico como la eutanasia activa voluntaria.
La eutanasia activa voluntaria implica que un médico (o un tercero) ponga fin intencionalmente a la vida de una persona, normalmente mediante la administración de fármacos, a petición voluntaria y competente de dicha persona.
Facilitar la muerte de una persona sin su consentimiento previo incluye tanto la eutanasia no voluntaria (cuando el paciente no es capaz de dar su consentimiento informado, por ejemplo, en estado vegetativo o en niños pequeños) como la eutanasia involuntaria (en contra de la voluntad del paciente).
La muerte asistida por un médico se define de la siguiente manera: un médico ayuda intencionalmente a una persona a poner fin a su vida proporcionándole fármacos para su autoadministración, a petición voluntaria y competente de dicha persona.
¿Eutanasia a favor o encontra?
Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, señaló que permitir la muerte médicamente asistida (MMA) “empodera a las personas, porque nadie debe usarla si no quiere, y ningún médico está obligado a aplicarla. Es una ley que respalda las libertades de todos”.
Por su parte, Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), comentó: “Es previsible que, en el curso de los próximos lustros y máximo en las siguientes décadas, en la mayor parte del mundo este derecho sea regulado y garantizado para quienes deseen acceder a él”.
De acuerdo con la encuesta nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad, México 2016-2022, el 72.7 % de la gente está de acuerdo en que deben cambiar las leyes para permitir que personas enfermas reciban ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.
El 68.3 % de las y los consultados está a favor de que, en caso de fase terminal, hubiera la posibilidad de pedir ayuda al médico para adelantar su muerte, y el 68.6 % cree que un paciente en dicha etapa y con sufrimiento inevitable debería poder decidir al respecto.
A decir de Asunción Álvarez, la muerte debe ser una conversación natural desde la niñez; no obstante, esto suele obviarse por esperar a que los avances de la medicina se ocupen de todo y alarguen nuestra existencia. “Falta propiciar charlas en las que, cuando nos digan ‘no hables de eso’, respondamos: ‘lo necesito, porque quizá después no pueda expresar mi deseo, ¿o tú qué querrías?’. Es normalizarlo y quitarle ese tabú”.
Diego Valadés concluyó que el debate en torno a la MMA ha empezado a entablarse en países donde incluso ha habido resistencias notorias por parte de las iglesias. “Debe prevalecer el principio de dignidad, pues es una expresión de la soberanía de cada quien. En México ya experimentamos formas de libertad avanzada, como el derecho al aborto y el matrimonio igualitario, por ejemplo. El proceso evolutivo en que nos encontramos hace previsible que las disposiciones en relación con la eutanasia prosperen, y espero que sea en breve”.