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Por el corresponsal de RFI en Lima
Entre lágrimas, Dionisia Calderón relata el momento en que se enteró de que la justicia peruana acababa de archivar su denuncia. Esterilizada por la fuerza durante la presidencia de Alberto Fujimori, lleva años luchando por obtener justicia. "Yo me enteré a las 8 de la mañana. La noticia fue un balde de agua helada. Hace tanto años luchando, ¿y para esto?", se queja .
En la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori —presidente de 1990 a 2000—, cerca de 300.000 personas fueron esterilizadas por la fuerza, en su gran mayoría mujeres que vivían en las regiones más pobres del país, originarias de los Andes y la Amazonía. El expresidente peruano murió en 2024 sin haber sido juzgado por estos hechos.
Para justificar el archivo del caso, la fiscalía invoca una ley de 2024 impulsada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, hija del exjefe de Estado y actual presidenta de Perú. Esta ley prohíbe perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo que incluye los hechos ocurridos durante la presidencia de su padre.
Maribel Meza, también esterilizada por la fuerza, afirma que temía una decisión así desde la llegada de Keiko Fujimori al poder. "Ya sabíamos que, si llegaba al poder, todo este caso iba a desaparecer o a perderse. En todas sus entrevistas, ella lo negaba. 'Mi padre les hizo ese favor', así es como siempre habla de nosotras", denuncia.
Esta peruana también le reprocha a la presidenta que no escuche a las víctimas: "Keiko Fujimori es una mujer como nosotras. ¿Y si le hubiera pasado a ella? Ella misma habría luchado. Habría reclamado sus derechos".
Para las víctimas, el archivo del caso representa un importante retroceso. Sin embargo, en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado a Perú responsable de esterilizaciones forzadas y ordenado la apertura de investigaciones.