No hay que ser ni de izquierda ni de derecha, ni de centro, fraudista, conservador, progre, caviar o lo que sea, para entender el problema estructural que nos debería unir, sacarnos por un rato de la parálisis del antagonismo, para evitar que este siga siendo una sentencia nacional a cadena perpetua.
Hay que decirlo con una crudeza que estremezca, sin 'tibiezas', como les gusta decir a los 'radicales': el Perú es un país que compite en el mercado global con el cerebro de su población prácticamente amputado por el propio Estado y las consecuencias en el funcionamiento de nuestra sociedad son también un lastre que nos pesa muchísimo.
En una columna anterior recordaba el drama de la infancia anémica que recibirá a la nueva presidencia con la mirada perdida, el hierro ausente y su porvenir hipotecado a la baja. Pero aquella condición no es solo una terrible postal estática del futuro. También nos enrostra la fotografía, y mucho más nítida, de nuestro presente laboral. Si hacemos un frío y riguroso cruce de datos históricos, la conclusión es pavorosa. El grueso de la fuerza de trabajo que hoy sostiene al país (hombres y mujeres de entre 25 y 55 años) nació y creció en las décadas de los 80, 90 y 2000, épocas donde la anemia infantil y la desnutrición crónica golpeaban a más del 55% de la población menor de cinco años. Y, como ahora, alrededor del 70% en las zonas rurales de la sierra y la Amazonía.
Hagamos la matemática de esta tragedia: si la PEA actual bordea los 18 millones de peruanos, significa que hoy tenemos a cerca de 9 millones de adultos trabajando con limitaciones cognitivas crónicas, arrastrando un déficit intelectual permanente que les impide desarrollar a plenitud sus funciones ejecutivas, su memoria de trabajo y su capacidad de resolver problemas complejos. Sí, es muy duro: los hemos condenado a la trampa de la informalidad y la baja productividad antes de que aprendieran a leer.
La neurociencia y el Banco Mundial han demostrado hasta el hartazgo que la falta de hierro en los primeros mil días de vida de un ser humano impide la mielinización del cerebro; es decir, interrumpe el cableado de las neuronas. El daño es biológico, estructural e irreversible. No se cura con un bono, con una pensión ni con un curso técnico en la adultez. Esa violencia silenciosa le expropia a cada niño, de manera permanente, entre cinco y 10 puntos de Coeficiente Intelectual (CI).
Cuando los analistas se quiebran la cabeza tratando de explicar las razones de por qué somos un país estructuralmente informal —donde el 75% de la fuerza laboral sobrevive fuera del sistema—, siempre recurren al mismo libreto: culpan a la rigidez de las leyes laborales, a los altos costos tributarios, a la tramitología estatal o a una supuesta falta de capacitación técnica. Lo que no suele citarse en las explicaciones es, acaso, el factor más grave de la ecuación: la raíz biológica. La respuesta no está solo en los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas o de Trabajo, sino en la historia clínica de nuestros trabajadores.
Esto tiene un costo salvaje en el crecimiento del país. Según estimaciones basadas en estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Peruano de Economía (IPE), el impacto acumulado de la anemia y la desnutrición infantil le cuesta al Perú un aproximado del 2,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) cada año en pérdida directa de productividad potencial. Arrojamos miles de millones de dólares a la basura porque nuestra fuerza laboral fue biológicamente limitada en la cuna.
Este miércoles, con la anemia infantil estancada escandalosamente en 43,1% (afectando a más de cuatro de cada 10 niños menores de tres años), seguimos fabricando la PEA rota del año 2050. Vivimos en un país al que le robaron su capacidad.