Cuba acaba de aprobar el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años. Según la cobertura de Granma, órgano del Comité Central del Partido Comunista, y la nota de prensa de la propia Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Tercera Sesión Extraordinaria del Parlamento, en su X Legislatura, un documento con 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes. Es el resultado de un cribado de 390 propuestas iniciales –de las que se aceptó el 66,7 %– y de 69 recomendaciones incorporadas por el Buró Político (el órgano superior de dirección del Partido Comunista Cubano, PCC). El pleno lo ratificó el 19 de junio.
El tiempo transcurrido entre la presentación del documento y su aprobación ha sido de apenas una semana. La velocidad del proceso ha resultado excepcional para los estándares políticos de la isla. El contenido, en cambio, mantiene la continuidad con varias medidas ya ensayadas en etapas anteriores.
Desde la disolución de la URSS, en diciembre de 1991, Cuba ha puesto en marcha reformas basadas en la misma fórmula. La primera apertura, entre 1993 y 1995, legalizó el trabajo por cuenta propia –el autoempleo en una lista cerrada de oficios– y despenalizó la tenencia de dólares, reconociendo de facto la economía informal en divisas que ya circulaba en la isla. Ese mismo periodo trajo también la legalización de los mercados agropecuarios libres, donde los precios dejaron de ser fijados por el Estado.
A partir de los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en el VI Congreso del Partido (2011), se amplió el usufructo de tierras estatales sin uso –de 40 a 67 hectáreas, con derecho a construir vivienda en la parcela–; se crearon las cooperativas no agropecuarias, una nueva figura jurídica para gestionar servicios y comercio (transporte, gastronomía, mercados) al margen de las cooperativas agrícolas ya existentes; y se abrió la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, un polo industrial-portuario con régimen fiscal preferencial y trámites de aprobación más rápidos para la inversión extranjera.
Una nueva Ley de Inversión Extranjera, en 2014, amplió las modalidades de asociación con capital foráneo. El propio texto de 2011 definía también el límite de esa apertura: establecía que el sistema de planificación socialista seguiría siendo la vía principal para dirigir la economía nacional. Una década después, la Tarea Ordenamiento de 2021 eliminó la dualidad monetaria vigente desde 1994 –el peso cubano junto al peso convertible (CUC)– y fijó un tipo de cambio único, lo que implicó una devaluación y un repunte inflacionario.
Ahora, en 2026, lo distinto no es tanto el repertorio de instrumentos, ya ensayados antes (pero parcialmente), como su simultaneidad y su alcance. El salario mínimo estatal sube un 53 % (de 2 100 a 3 210 pesos), y el Estado retira gradualmente unos 92 500 millones de pesos anuales en subsidios al sistema empresarial, la mitad de ellos destinados solo a la tarifa eléctrica. El usufructo agrícola pasa de plazos fijos a tiempo indeterminado, sin exigir ya la residencia en la parcela. Termina el monopolio estatal sobre la venta de combustibles y se libera buena parte de la larga lista de actividades antes vedadas al sector privado.
El cambio de mayor calado institucional, sin embargo, es jurídico: las empresas estatales podrán convertirse en sociedades por acciones, con el Estado fijando su participación sector por sector y reservándose la mayoría solo en los considerados estratégicos. Particulares y capital extranjero podrán comprar esas acciones. Por primera vez se toman medidas que involucran tanto a la empresa estatal, los subsidios, el salario mínimo y la propiedad accionarial, en lugar de una pieza a la vez como en etapas anteriores.
Lo que se sabe de experiencias anteriores en economías en transición muestra que ese tipo de simultaneidad tiene un coste organizativo propio: pierden valor las rutinas y capacidades acumuladas por las empresas bajo el sistema previo antes de que exista el nuevo, lo que puede deprimir el desempeño durante la propia transición.
El diseño separa explícitamente la titularidad del activo, que sigue siendo estatal, de su gestión, que se cede a terceros mediante derechos de usufructo y superficie, o por participación accionarial. La fórmula recuerda al mecanismo que usó China a partir de 1978, manteniendo la propiedad colectiva nominal de la tierra mientras transfería el control productivo a las familias campesinas.
En este mecanismo se observa algo común a estos casos: cómo un sistema de planificación centralizada ha podido sostenerse durante más de sesenta años dentro de una economía mundial organizada en torno al capital privado.
La continuidad institucional cubana no se explica por una sola causa, sino por una secuencia de sostenes externos que se han ido sustituyendo unos a otros: la ayuda soviética hasta 1991, y después el petróleo venezolano, las remesas y el turismo. Un análisis reciente de la economía de Cuba describe este proceso como socialismo periférico: la pérdida de los acuerdos comerciales preferenciales y el acceso al crédito que ofrecía la URSS obligó a una introducción gradual de mecanismos de mercado, sin que las relaciones más recientes con China o Venezuela hayan logrado recrear aquellas condiciones.
Cada vez que uno de esos puntales se debilita llega una nueva fase de actualización del modelo, que recompone el equilibrio sin alterar su arquitectura de fondo. Lo distintivo de 2026 es que varios sostenes flaquean a la vez, mientras Washington ha intensificado las sanciones –con nuevas medidas coercitivas en vigor desde junio que penalizan a empresas extranjeras con negocios en la isla y que aplican restricciones adicionales al suministro de combustible– y ha condicionado explícitamente cualquier mejora en la relación bilateral a la profundidad de los cambios.
Sobre las causas del estancamiento cubano hay posiciones encontradas entre los propios economistas: mientras que unos lo atribuyen principalmente a la transición al socialismo, otros sitúan el peso mayor en el bloqueo exterior. El debate sigue abierto.
Que el paquete se aprobara apenas una semana después de haber sido presentado no debe confundirse con el ritmo real del cambio institucional que lo sostiene. El patrón que recorre todo este artículo remite al concepto de path dependence: una vez que un sistema adopta una trayectoria, las decisiones posteriores tienden a construirse sobre ella en lugar de partir de cero, incluso cuando el objetivo es corregir sus propios resultados.
Desde los años noventa, Cuba ha seguido un mismo patrón: cada etapa de apertura se acumula sobre la anterior, sin que el país se haya desviado del camino trazado en 1993 para paliar los efectos del Periodo Especial, la gran crisis iniciada tras la caída de la URSS y el fin de las ayudas soviéticas.
Que el paquete de 2026 sea la cuarta etapa de esa secuencia, y no la primera, es en sí mismo un indicio de que persiste una necesidad de resolver un estancamiento que ninguna de las etapas previas ha despejado por completo. Las propias palabras de del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al cerrar la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional parecen confirmarlo: “No hemos partido de cero”.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
Lee mas:
La utopía económica de Gorbachov
¿Está entrando Cuba en la fase final de su crisis histórica?
Iker Saitua no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.