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La Paz, 29 oct (EFE).- El equilibrio entre los usos tradicionales de la hoja de coca y el combate contra el narcotráfico es uno de los desafíos de Bolivia, donde el aumento de los cultivos y la presencia de organizaciones criminales extranjeras han reavivado el debate sobre los controles a la producción, mientras los propios productores plantean sancionar con cárcel las plantaciones en zonas no autorizadas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) señaló en su último informe que los cultivos de coca aumentaron un 7 % en 2025, hasta las 36.400 hectáreas, mientras que el Gobierno puso en marcha una nueva política antidroga, que contempla el control de los cultivos y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
En este sentido, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Daynor Choque, presentó un proyecto de ley para sancionar con cárcel el cultivo de la planta en zonas no autorizadas. La iniciativa se suma al debate sobre cómo contener la producción excedentaria sin afectar los usos tradicionales de la hoja de coca.
La legislación boliviana establece un límite máximo de 22.000 hectáreas de cultivos en zonas autorizadas en los departamentos de La Paz y Cochabamba, lo que supone que hay un excedente de 14.400 hectáreas, situación que preocupa a productores y exautoridades.
El principal incremento se registró en la zona central del Trópico de Cochabamba, donde la superficie subió un 22 %, de 14.275 a 17.460 hectáreas; mientras que en la zona subtropical de Los Yungas de La Paz hubo un descenso de 4 %, de 19.230 a 18.430 hectáreas.
Los Yungas son la zona considerada tradicional porque la planta se cultiva allí desde antes de la colonia, mientras que los cultivos se extendieron durante los años 1980 al Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del expresidente y líder cocalero Evo Morales (2006-2019).
Para el exministro de Gobierno (Interior) Saul Lara, "más del 90 % de la producción en el Trópico" de Cochabamba "va a la producción ilícita de pasta base de cocaína y clorhidrato".
"Bolivia tiene un doble delito que combatir: la producción excedentaria y la producción de droga" dijo Lara a EFE.
El exministro encuentra además otros dos frentes en los que se debe combatir, el hecho de que Bolivia "es un país de tránsito" de la droga proveniente de Perú para llegar a Brasil y de ahí a Europa, y "las grandes organizaciones criminales asentadas en el país" que, según dijo, hicieron de Bolivia "su santuario".
"Estamos frente a esa realidad (...) Tiene que aplicarse un límite de producción lícita de cultivos de coca porque la producción excedentaria no tiene otro fin que la producción de cocaína", manifestó Lara, que fue ministro durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005).
La representante de la Unodc en Bolivia, Mónica Mendoza, dijo en una reciente entrevista con EFE que el país se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para los cárteles de la droga.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución por sus usos ancestrales y medicinales. La reconoce como patrimonio cultural y recurso natural renovable, y establece que, en su estado natural, no es un estupefaciente.
El valor ancestral de la planta "está en peligro" frente al narcotráfico y la actividad criminal en el país, señaló a EFE el presidente de Adepcoca.
Choque explicó que la principal actividad económica de la zona de Los Yungas es la producción de la planta.
"Miles de cocaleros se dedican a la producción de la hoja de coca. Gracias a esta actividad tienen acceso a la salud, educación y al trabajo, entonces directa o indirectamente crea fuentes de trabajo" a nivel nacional, manifestó.
Algunos derivados legales de la planta son medicinas, cosméticos, infusiones, harina, bollería y bebidas energizantes, pero también está la costumbre del 'acullico' o masticado de la hoja de coca.
Para Choque, el 'acullico' no se debe perder porque "es una forma de revalorizar la tradición" y es un símbolo de "unidad, reciprocidad en reuniones, asambleas o festividades".
Bolivia tiene un día dedicado a esa tradición, el 11 de enero, para recordar que en esa fecha en 2013 el país se volvió a adherir a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir el 'acullico' en su territorio.
El proyecto presentado por el presidente de Adpcoca plantea que el cultivo en lugares no autorizados, como áreas protegidas, se sancione con cinco a ocho años de cárcel para "evitar la sobreproducción" y también se castigue la venta sin autorización.
Para Choque, "no están funcionando las políticas de Estado" y "tampoco el control social comunitario" que establece la Ley General de la Coca para controlar la expansión de los cultivos.
Daniela Romero